Hace pocos días el alcalde Joan Ribó (Compromís) y el concejal de Hacienda Borja Sanjuán (PSOE) anunciaron que el gobierno municipal quiere imponer un recargo del 30% en el IBI a los grandes propietarios de viviendas de València que acumulan una gran cantidad de inmuebles, en muchos casos vacíos. El objetivo de penalizar a los tenedores de pisos más potentes es que movilicen esas viviendas. Que las pongan en el mercado del alquiler o que las vendan, volvía a explicar Borja Sanjuán esta semana.
El análisis de los datos del Catastro no ha hecho sino aflorar las enormes diferencias que presenta la sociedad valenciana, en cuento al acceso a un bien tan preciado como necesario: un hogar digno y a costes razonables.
En València, 318.321 personas tienen menos de 10 pisos. Por tanto, no estarían afectados por los parámetros que fija la Conselleria de Vivienda y el Gobierno para tratar de movilizar más pisos y ponerlos a disposición de las familias y los jóvenes que más los necesitan.
Multipropietarios
Sin embargo, llama la atención el caso de una sola persona en València que posee más de 300 viviendas, y una segunda, que tiene entre 100 y 299. Son el claro ejemplo de particulares susceptibles de ser gravados con ese recargo del IBI del 30% para forzarlos a ocupar, alquilar o vender esos pisos y casas, en caso de que estén desocupados. En total, 406 ciudadanos acumulan 10 o más propiedades. Entre ellos, 4 potentados poseen entre 50 y 99 viviendas; 59,entre 20 y 49; 82, entre 15 y 19, y las otras 259 suman de 10 a 14 pisos.
En cuanto a las personas jurídicas, -empresas, bancos o fondos de inversión-, también son grandes tenedores de vivienda en la capital valenciana. Según las cifras del Servicio de Coordinación Tributaria, hasta 424 sociedades y mercantiles suman entre 10 o más viviendas. Aquí, destacan 6 grandes propietarias que tienen más de 300 pisos, apartamentos o casas. Y otras 26 empresas que poseen entre 100 y 299 inmuebles. Solo estas 32 sociedades se calcula que acumulan más de 5.000 viviendas. Un buen porcentaje de todas ellas podrían ser penalizadas con el incremento del 30% en el IBI, en caso de que las tengan vacías.
La nueva Ley de Vivienda
Como es sabido, el PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo a primeros de octubre para poner en marcha la nueva ley de vivienda, que incluye la regulación de los precios del alquiler en las zonas tensionadas y permite imponer recargos del IBI a las viviendas vacías. La norma será aprobada por el Consejo de Ministros en las próximas semanas pero ante todo supone una regulación de los precios del alquilera para los grandes tenedores, es decir, quienes tienen más de 10 viviendas en propiedad. Estos multipropietarios tendrán tendrán que bajar por ley los precios del alquiler, en las denominadas «zonas de mercado tensionadas». De hecho, las comunidades autónomas solicitarán al Gobierno esta declaración de zona tensionada.
El regidor Borja Sanjuán volvió a reclamar el jueves a la Conselleria de Vivienda que le envíe al Ayuntamiento de València este registro de grandes tenedores de viviendas en el que está trabajando. El documento, si está acabado antes de diciembre como quieren los socios del gobierno municipal, permitiría aplicar ese recargo del 30% en el recibo del IBI a estos paticulares y empresas que acumulan grandes bolsas de pisos y casas en València.
Además, a las personas físicas propietarias de viviendas en alquiler en estas zonas se las obligará a congelar el precio. Borja Sanjuán explica que el objetivo del Ayuntamiento de València no es recaudar más gracias a este gravamen. Al revés, la meta es que al movilizarse esos pisos vacíos, bajen los precios del alquiler y se reactive la demanda.
