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El juez de Taula lleva al banquillo al PP y a 49 cargos del equipo de Rita Barberá

En el auto también se acusa a Alfonso Grau y a la secretaria del grupo municipal popular por malversación y blanqueo en las campañas de 2007 y 2011

De la bancada municipal al banquillo judicial | NOMBRE FERNANDO BUSTAMANTE

El Partido Popular de la ciudad de València concurrió a las elecciones de 2007, 2011 y 2015 presuntamente dopado y con dinero de procedencia «clandestina», según concluye el titular del Juzgado de Instrucción 18 de València en el auto que da por finalizada la pieza «A» del caso Taula. Es también la antesala del juicio oral.

Un juicio que sentará en el banquillo de los acusados al Partido Popular como persona jurídica (por segunda vez, la primera fue el juicio por la destrucción de los ordenadores por los papeles de Bárcenas en el que fue absuelto). También se juzgará al grupo municipal del PP casi al completo de la ex alcaldesa Rita Barberá.

La mayoría de los 49 concejales, asesores y exasesores del PP en la ciudad de València procesados están investigados por presunto blanqueo de capitales por la operativa del presunto pitufeo (blanqueo de capitales en pequeñas cantidades). Entre los exconcejales y asesores o exasesores que se sentarán en el banquillo están Alfonso Novo, Mayrén Beneyto y su hermano, Beatriz Simón, Vicente Aleixandre, Maria Àngels Ramón-LLin, Félix Crespo, Lourdes Bernal, Luis Salom y la secretaria del grupo municipal popular durante varias décadas Mari Carmen García-Fuster, entre otros. El auto también incluye la reapertura de la causa para el exconcejal Miquel Domínguez a quien se investigó en el TSJCV por su condición de aforado en esta causa y que se archivó, pero que ahora el juez de Taula «repesca».

El exvicealcalde de València, Alfonso Grau (actualmente en prisión preventiva por el caso Azud II), y la exsecretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García-Fuster, serán procesados por presunta malversación de caudales públicos en las elecciones de 2007 por orquestar las donaciones de empresas contratistas del Ayuntamiento de València para financiar la campaña electoral de 2007. Respecto a la de 2011 se les imputa a ambos el presunto delito de blanqueo y a Grau el de cohecho impropio. Las empresas «donantes» en 2007 o 2011 se salvan de sentarse en el banquillo de los acusados porque los hechos delictivos han prescrito para todas ellas.

Para el magistrado «los hechos investigados revelan de un modo diáfano que durante el periodo temporal 2006-2009 el Partido Popular de la ciudad de València ingresó y destinó a las campañas electorales una cantidad de dinero y recursos muy superior a la establecida legalmente, especialmente en la de 2007, mediante procedimientos clandestinos de financiación que vulneraban la legislación». Y añade que «esta actividad opaca, aparentemente, a la estructura nacional del Partido Popular, fue llevada a cabo por personas en el círculo más estrecha de confianza de la entonces alcaldesa», asegura en referencia a Rita Barberá, no incluida en esta causa porque falleció tras declarar en el Supremo, ya que era aforada.

Junto a Barberá el magistrado del caso Taula considera que el exvicealcalde Alfonso Grau «actuaba de recaudador de recursos económicos sustraídos a la regularidad y transparencia contable» junto a la secretaria del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster, «que administraba esos recursos».

Entre los procesados se encuentran entre otros: Julio Aguado, Ana Maria Albert, Vicente Aleixandre, Mayren Beneyto, Juan Beneyto, Lourdes Bernal, Vicenta Boquer, Rubel Calvo, Félix Crespo, Mari Carmen García-Fuster González-Alegre, Alfonso Grau, Cristobal Grau, Vicente Igual, Vicente Jurado, Francisco LLedó, Alberto Mendoza, Alfonso Novo, Maria Jesús Puchalt, Mari Àngels Ramón-Llin, José Salinas, Luis Salom, Juan Eduardo Santón, Silvestre Senent y Beatriz Simón. El magistrado sobresee la causa para una de las asesoras que devolvió los 1.000 euros y para Maria José Alcón y Emilio del Toro, ya fallecidos.

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