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El CEIP Santa Teresa se rebela contra el cierre parcial al tráfico en Ciutat Vella Nord

La puesta en marcha de las cámaras condiciona o impide los accesos a otros cinco centros educativos también

Padres y alumnos, a la salida del CEIP Santa Teresa, en un día de cole . levante-emv

«¿Cómo van a entrar las furgonetas de los alimentos que nos traen los proveedores del comedor? ¿Van a poder entrar los padres y madres para recoger a sus hijos? ¿El profesorado va a poder acceder para traer material? ¿El marido de la persona encargada de la limpieza que, vive fuera de la ciudad, va a poder recogerla por las noches o ella tendrá que acudir sola hasta el lugar en el que él pueda aparcar?» Estas son algunas de las dudas que la directora del CEIP Santa Teresa le ha planteado al Ayuntamiento de València ante la puesta en marcha de las cámaras del Área de Prioridad Residencial en Ciutat Vella Nord, que iniciaron su fase informativa el pasado lunes, 18 de octubre, y que empezarán a sancionar con 60 euros, a partir del próximo 1 de diciembre, a todas aquellas personas que accedan a estas calles sin autorización previa.

La directora de este centro público, situado en una de las calles afectadas por esta normativa, denuncia que hay aspectos que «se deberían replantear en esta normativa teniendo en cuenta que hay personas que trabajan en este barrio y no van a poder obtener ninguna autorización».

En este sentido, añade que existe «una falta de información por parte de las administraciones». Desde el centro añaden: «si quieren aplicar esta normativa, deberían hablar con los vecinos para conocer los problemas, ya que estoy a favor de dejar de utilizar el coche, pero hay que ofrecer alternativas y aquí no hay». La propia directora explica que llega al colegio «todos los días entre las 8:00 h y las 8:10 h y estoy en el colegio hasta las 18:00 h, por lo que ¿no tengo derecho a entrar con el coche si vengo cargada?».

Maite, Mari Ángeles y Amparo también trabajan en este colegio como profesores y acuden a él en con su vehículo. «Hablé con la Policía Local y me dijo que, aunque trabajemos aquí, no vamos a poder obtener una autorización porque no vivimos en la zona», exponen. Por otra parte, se oponen a los elevados precios de los aparcamientos: «si vale dos euros y trabajo tres horas, me va a costar seis euros diarios», lamentan.

En este sentido, también añaden que el conserje o el profesor «va a tener que estar esperando con los alumnos hasta que lleguen los padres».

«Nos indigna la situación»

Los padres del centro se muestran resignados pero indignados ante esta medida. Pau, padre de dos alumnos del centro, explica que trabaja como profesor en un instituto «y, muchas veces, necesito acudir en coche, ya que mi trabajo no tiene flexibilidad horaria».

Pau vive en Ciutat Vella, pero señala que su calle «no está afectada por las cámaras», por lo que «no puedo conseguir autorización».

Además, explica que sus hijos los miércoles «acuden a una extraescolar y, si no los llevo en coche, no llegarán a la hora indicada». «Hay bastantes padres que se encuentran en mi misma situación porque un 20% del alumnado vive en otras zonas», por lo que manifiesta que están «desesperados, no sabemos cómo gestionarlo y no obtenemos respuesta por parte del Ayuntamiento de València o la concejalía de Movilidad Sostenible».

Este padre indica que están atónitos «por cómo se está desarrollando esta iniciativa, ya que me parece bien que se restringa el tráfico, pero hay gente que tiene que coger el coche por necesidad».

Además, denuncia la «lentitud» a la hora de tramitar las autorizaciones. «Lo solicité el 9 de marzo y todavía no tengo respuesta», afirma Pau, quien añade que les dicen los empleados municipales que solo tienen «a dos personas para gestionar las solicitudes, por lo que están saturados».

Inma Cortina es otra de las madres afectadas por esta medida. «Mi marido tiene que acceder por la calle Corona, donde está situada una de las cámaras, para poder llevar a mi hija al colegio e ir después a trabajar».

«Hemos tramitado la solicitud, ya que nuestra zona está afectada, pero no hemos recibido ninguna respuesta», relata. Marta Martínez también acude al centro con su hijo en coche. «En mi caso tengo la suerte de que trabajo en el Mercado Central y he conseguido autorización, pero no sé qué pasaría si no trabajara allí, ya que no creo que me la dieran».

Otros centros afectados

El Área de Prioridad Residencial también afecta a otros cinco centros ubicados en calles en las que se solicita autorización. Entre ellos se encuentran el Sagrado Corazón, el IES Barri del Carmen, el Centro Docente Privado FPA Casa de los Obreros San Vicente Ferrer y el Centro Privado Educación Infantil 1º ciclo de l’Escoleta del Carme.

Por último, el colegio Gran Asociación también estará afectado de manera indirecta, ya que se encuentra situado en una de las calles periféricas del APR.

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