«Nosotros ya hemos aprendido la lección y no vamos a seguir el camino de otras zonas, por lo que iremos directos a los tribunales». Así de contundente se manifiesta el nuevo presidente de la asociación de vecinos de la plaza Honduras, Javier Soler, tras solicitar al Ayuntamiento de València la declaración como Zona Acústicamente Saturada.
De esta manera, varios representantes de las asociaciones vecinales de plaza Honduras y Ciudad Jardín se reunieron en una mesa de trabajo con varios concejales del consistorio valenciano para tratar la masificación en la zona y el aumento de botellones. «Superamos con creces los decibelios para que se declare zona ZAS, ya que se ha constatado que hay mayor presencia de ruido al menos dos días a la semana y durante tres semanas seguidas», expone Soler, quien denuncia que «estamos igual que hace diez años, no ha cambiado nada y no creemos que vaya a haber un cambio».
En este sentido, desde la asociación de vecinos de Ciutat Jardí recalcan que «no ha habido ningún compromiso por parte del ayuntamiento y, ante esta indisposición, pretendemos llegar a los tribunales». «Esto supone un problema de salud, ya que no podemos descansar gran parte de la semana», denuncian desde la asociación, quienes añaden que «es una zona residencial, no una ciudad de estudiantes».
Nueva asociación vecinal
Los vecinos de la plaza Honduras se reunieron ayer en asamblea para legalizar la Junta Directiva y constituirse como una nueva asociación vecinal. «La asociación ya nació en 2010, pero se fue apagando y, ante el aumento de botellones y la masificación de la zona por la concentración de locales, decidimos crear una comisión gestora para poner la en marcha», expone su presidente.
Tras la reunión, manifestaron su «disgusto por la ausencia de propuestas concretas a pesar de los meses que llevamos con esta escalada del vandalismo que va más allá del botellón». «El problema no es nuevo, pero la resaca de la pandemia lo ha vuelto más loco e imprevisible», añaden.
Por ello, los representantes propusieron una serie de medidas. Entre ellas, reclamaban «control de aforos y colocación de un mayor número de sonómetros, presencia policial disuasoria y mayor vigilancia tras el cierre de los locales, planes de baldeo y limpieza nocturna, inventario de locales de pública concurrencia y su respectiva inspección de licencias, revisión del tamaño de las terrazas, mejor atención al 092, acceso a los atestados policiales por las personas interesadas sin ningún coste o la realización de reuniones periódicas para evaluar las medidas».
