El conseller de Vivienda, Héctor Illueca, y la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, acercarán posturas en relación al pago de la deuda «heredada» de la Fórmula 1 en una reunión, para la que aún no hay fecha. Así lo anunció ayer la vicealcaldesa socialista después del rifirrafe que mantuvo con el vicepresidente, de Unidas Podemos, el martes tras reclamarle al ayuntamiento 38 millones de euros de las obras del circuito urbano de Fórmula 1, sin uso desde 2013.
La vicealcaldesa explicará a Illueca los avances en la negociación con los actuales dueños del suelo del sector del Grao (Atitlan y el grupo inversor británico Hayfin) que según el convenio suscrito hace 14 años por el entonces presidente de la Generalitat, Franscisco Camps, y la alcaldesa Rita Barberá, deberían asumir, vía cargas urbanística, los 38 millones que la Generalitat adelantó, a través de un crédito, para la construcción del circuito, que en su totalidad costó casi cien millones de euros. Una deuda que la Generalitat sigue pagando, a razón de 7,5 millones al año. Gómez buscará «una estrategia conjunta» con la Generalitat para tratar de resolver el fiasco del circuito urbano que bloquea desde hace años el desarrollo del PAI del Grao, por el que discurre medio trazado de la F1 y uno de los desarrollos urbanísticos estratégicos de la fachada marítima.
La vicealcaldesa, con todo, ya advirtió ayer de que no todo es repercutible como carga urbanística. «Vamos a negociar para aprochar al máximo lo que hay pero hay que entender que algo tendremos que asumir la administración local y autonómica». «El PP lo confió todo a unas cargas urbanísticas que es discutible que es discutible que ahora puedan repercutirse al cien por cien como carga del sector a los propietarios».
«Hay que llegar a un acuerdo», afirmó la vicealcaldesa, quien reiteró que el PP «mintió diciendo que la Fórmula 1 no iba a costar un duro».
El acuerdo del ayuntamiento con los propietarios del suelo del sector, al que en su día se otorgó uno de los índices más altos de de edificabilidad de la ciudad para costear sus elevadas cargas urbanísticas, entre ellas parte del soterramiento de las vías del ferrocarril, podría estar ya cerca.