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La grúa municipal podrá retirar patinetes y motos de alquiler

El Ayuntamiento de València incluye estos vehículos en el nuevo contrato y eleva su coste hasta los 20 millones de euros para hacerlo más atractivo

Los patinetes han empezado a ser un problema para la circulación. | G. CABALLERO

El contrato de la grúa de València vuelve a salir al mercado, tres años después del controvertido rescate de la concesión, en manos de Pavapark y en UTE con Autobuses Playa de San Juan (Auplasa), y casi uno de que el nuevo pliego quedara, en plena pandemia del coronavirus, desierto. Para atraer a las empresas el Ayuntamiento de València ha flexibilizado el plazo del contrato a dos años (prorrogables hasta cinco) e incrementando en dos millones de euros el presupuesto inicial del contrato, hasta los 19,7 millones de euros (9,5 al año).

Uno de los principales reclamos de los nuevos pliegos para atraer a los contratistas es que podrán retirar «toda clase de vehículos incluidos los de movilidad personal (VMP) de la vía pública», abriendo así la puerta al enganche tanto de los patinetes que no respeten las ordenanzas de movilidad y espacio público y las directrices del ayuntamiento en relación a este tipo de medio de transporte, cuyo uso se ha generalizado en la ciudad.

El nuevo contrato de la grúa, cuya licitación aprobó la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de València, también abre la puerta a la retirada de las motocicletas eléctricas de alquiler, que no entrarían dentro del concepto de vehículos de movilidad personal, pero sobre las que también podrá actuar el nuevo servicio de la grúa, según informaron fuentes municipales.

El ayuntamiento ha empezado este año a regular, a través de la concesión de licencias por parte de la Concejalía de Espacio Público, el negocio de alquiler de motocicletas eléctricas, tras años de vacío legal que han permitido a cinco empresas de «motosharing» funcionar y repartir cientos de vehículos de alquiler por toda la ciudad sin control.

La previsión del ayuntamiento es que el nuevo contrato de la grúa, un servicio que depende de la Concejalía de Protección Ciudadana, empiece a funcionar a partir de enero de 2022.

El servicio de retirada de vehículos lo ha venido gestionando desde el rescate de la concesión en precario la misma empresa que lo tenía (Pavapark) desde 2014. El ayuntamiento abona mensualmente 360.000 euros al contratista por el servicio, esto es 4,3 millones al año.

La decisión del Ayuntamiento de València, tras el cambio de gobierno en 2015, de impulsar la remunicipalización de algunos servicios incluyó el de la grúa. La entonces concejala de Seguridad Ciudadana, Sandra Gómez, no llegó a tanto pero sí apostó por un servicio de retirada de vehículos menos agresivo, «más amable» y donde no primase el criterio recaudador. Un cambio de criterio que suponía menos coste para el ayuntamiento pero que provocaba una reducción de ingresos para las empresas.

Seis años después y tras un cruce de recursos judiciales por parte del ayuntamiento y la empresa contratista, el ayuntamiento ha echado mano de los vehículos que forman parte de la nueva movilidad sostenible, como los patinetes, para hacer más atractivo el servicio.

El ayuntamiento intenta así poner fin a un contencioso que le ha costado ya una indemnización a Pavapark de 2,5 millones de euros por el rescate de la concesión.

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