En noviembre del año 2020, en plena crisis sanitaria, económica y social, entendimos que lo que la sociedad valenciana exigía, principalmente a un partido de centro, era que hiciéramos lo que nadie más puede hacer en el Ayuntamiento de València: dialogar y llegar a acuerdos con grupos antagónicos con nuestras ideas en beneficio de los ciudadanos.
En plena crisis, teníamos una sola meta: ayudar a nuestros autónomos y pymes y a nuestras familias. Comercios, hosteleros, indumentaristas, peluquerías, fotógrafos, artistas, orfebres, taxistas y pequeños empresarios se encontraban sin recursos porque no había actividad económica. Los que podían sobrevivían a base de «tirar» de ahorros y, al ver esta situación, sobre todo procediendo del mundo de la pequeña empresa, nos propusimos dialogar, negociar y llegar al mejor acuerdo con el gobierno municipal para que el ayuntamiento abriese una línea de ayudas directas oxigenando sus dañadas arcas y bonificase ciertas tasas.
Queríamos dar recursos económicos a los pequeños negocios porque, sencillamente, no los tenían y no podían aguantar. Por eso, llegamos a un acuerdo en el que se daría un mínimo de 15 millones de euros en ayudas y se aumentaría el cheque escolar sin límite de presupuesto. A cambio, nos abstuvimos en la votación de los presupuestos.
El resultado ha sido que durante este año 2021 se han entregado casi 30 millones de euros a casi 15.000 pequeños negocios y se ha incrementado el cheque escolar hasta casi 6.000 familias para ayudar en los gastos de la escuela infantil para hijos de 0 a 3 años.
Además, ningún hostelero pagará durante este año las tasas de mesas y sillas en las terrazas, y se han implantado bonificaciones en el IBI al realizar inversiones energéticas sostenibles en los hogares y centros de trabajo.
Por supuesto, nos hubiera gustado alcanzar más, pero entendí que era mejor eso que nada y que estas ayudas serían complementadas con otras de alcance autonómico, nacional y europeo.
En definitiva, demostramos ser útiles y prácticos a los valencianos y, de verdad, llegado el caso, lo volveremos a hacer.
Este año nuevamente nos sentamos a dialogar y negociar, pero pensando que en este mes de noviembre la situación es distinta. Con el 90% de la población vacunada, después de unas Fallas que se han desarrollado con éxito y normalidad y con la mayoría de las restricciones sanitarias levantadas, creemos que podemos hablar en términos de recuperación. Esto significa que los pequeños negocios, aunque de forma asimétrica, están empezando a funcionar y que cuentan con recursos. Por ello, este año nuestro objetivo no es dar recursos, sino que éstos, que el dinero, siga en el bolsillo de los valencianos. Por lo tanto, pedimos una bajada de impuestos como primer requisito.
¿Por qué pedimos bajar los impuestos? Porque este ayuntamiento planifica unos gastos que luego es incapaz de asumir. Se demuestra, año tras año, que son incapaces de gestionar todos los impuestos que pagan los valencianos. Por ese motivo tienen superávit en sus cuentas. Entonces, la pregunta es: ¿para qué quiere un ayuntamiento superávit? Una empresa privada distribuye sus resultados en forma de dividendos o los acumula en reservas pero, una entidad pública, según la LRHL, exige que se destinen, principalmente, a amortización de deuda. Este concepto es muy importante porque, si hubiera un dividendo social con el superávit, el planteamiento sería otro. No obstante, insisto, el superávit se destina a amortizar la deuda financiera.
La siguiente cuestión que nos planteamos es: ¿necesita o está obligado este ayuntamiento a bajar su nivel de endeudamiento? Los ayuntamientos tienen que cumplir el principio de sostenibilidad financiera como establece la LOEPSF. Un requisito es el objetivo de deuda pública del presupuesto inicial. Pues bien: a 31 de diciembre de 2022, la deuda ascenderá a 297.969.224,02 euros sin aval y a 346.743.503,30 euros de deuda avalada. Por lo tanto, el porcentaje previsto es el 34,42% calculado sobre los ingresos corrientes consolidados del último ejercicio liquidado (2020), excluidos los afectados a financiar gastos de capital. En total, 867.172.447,35 euros. Si se computa la deuda avalada el porcentaje es 39,99%. Esto significa que, en primer lugar, cumple los requisitos legales de estabilidad y no existe obligación de amortizar. En segundo lugar, estamos en niveles de endeudamiento aconsejable y aceptable para una empresa y, en tercer lugar y circunstancialmente, los tipos de interés actuales permiten estos porcentajes de deuda. Por todo ello, este año, preferimos que el dinero siga en el bolsillo de las familias y pequeños negocios a pedírselo, acumular superávit procedente de la inejecución y destinarlo a devolver deuda.
El gobierno ha dicho que no. Por lo tanto, este año no nos hemos podido abstener en la votación presupuestaria y nos hemos opuesto a estos presupuestos que, un año más (ya lo comprobarán), se quedarán en gran medida por ejecutar.
Dos años, dos presupuestos, dos situaciones sociales y económicas muy distintas, dos decisiones. Soy consciente que desde los extremos y la visión de los bloques esto no se acepta, pero, si lo miras desde la moderación y, sobre todo, desde el sentido de la utilidad y la practicidad de las decisiones, comprendes que no hay otro camino para trabajar por el bien común de los valencianos.
