La Administración General del Estado da por hecha su salida del Consorcio València 2007 tras la liquidación de los últimos 60 millones de euros de deuda pendientes de pago de la Marina de València que no entraron en el acuerdo de condonación por parte del Gobierno de la deuda de 400 millones generada por las obras de la Copa del América de 2007.
Las tres administraciones representadas en el Consorcio Valencia 2007 (Estado, Generalitat y Ayuntamiento) tiene que hacer frente al pago del crédito de 60 millones de euros en manos del fondo de capital riesgo TCA. Ayuntamiento y Estado ya han librado los pagos correspondientes a la primera de las dos anualidades y la Generalitat lo hará antes de finalizar el año. Tras el pago de esta deuda vinculada al préstamo principal de la Copa del América, el Estado da por zanjada su relación con el Consorcio. Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Hacienda, que hasta ahora representaba al Estado en el consejo rector del consorcio. «La salida de la Administración General del Estado ya se ha producido, tal como se acordó en el Consejo Rector del mes de septiembre», apuntaron las fuentes de Hacienda, que añadieron que las cantidades comprometidas en dicho consejo se dispondrán en los presupuestos del Estado.
En septiembre se acordó que el ministerio de Hacienda, que hasta ahora tenía el derecho de veto en las decisiones económicas, haría efectiva su salida del Consorcio el 1 de noviembre de este mes. Llegada la fecha, Hacienda da por efectiva su salida y finiquitada su relación con la Marina de València.
Hacienda ha cedido el testigo, incluido el derecho de veto recogido en los estatutos, a la Autoridad Portuaria de València. Sin embargo, las condiciones en las que el puerto pasará a formar parte del Consorcio no están claras. De hecho, la reunión del consejo rector prevista para el pasado 29 de octubre en la que se iban a presentar los nuevos estatutos del Consorcio, en los que se excluía el derecho de veto y se proponía que los acuerdos se alcanzasen por consenso con un reparto igualitario además de consejeros de las tres administraciones, fue suspendida a última hora por el presidente del Consorcio y alcalde de València, Joan Ribó. Una decisión motivada por la comunicación por parte de la Secretaría de Estado de Hacienda de que la APV mantendría el derecho de veto y el control sobre el 60% del ámbito de la superficie de la Marina.
El Ministerio de Hacienda ya ha comunicado al Consorcio Valencia 2007 que no asistirá a la próxima reunión del consejo rector que convoque Ribó (y para la que todavía no se ha vuelto a fijar fecha) para avanzar en la nueva figura de gestión de la Marina, donde hay varias concesiones pendientes de resolver y donde el limbo administrativo preocupa a las empresas allí instaladas.
El acuerdo para la constitución de un nuevo ente gestor está bastante avanzado y podría cerrarse en las próximas semanas. La alternativa de consenso al veto del puerto que el ayuntamiento se resiste a aceptar es la fórmula de exigir una mayoría cualificada y amplia para las decisiones que afecten a cuestiones económicas y también a las que tengan que ver con el desarrollo estratégico de la Marina.
