El convenio que la Generalitat y el Ayuntamiento de València firmaron en 2007 para impulsar la Fórmula 1 será anulado y sustituido por una nuevo que determine, 14 años después, quien paga qué de los casi 40 millones de euros de deuda que dejaron las obras del circuito. Así lo anunciaron el vicepresidente segundo del Consell y titular de Vivienda, Héctor Illueca, y la vicealcaldesa, la socialista Sandra Gómez, tras la reunión que mantuvieron ayer, la primera entre ambos tras la marcha de Rubén Martínez Dalmau («Unides Podem») de la conselleria.
Generalitat y ayuntamiento, ahora con gobiernos progresistas, darán así carpetazo al convenio del PP que preveía recuperar el coste de las obras con las cargas urbanísticas del desarrollo del PAI del Grao, por el que discurre el trazado que, en base al convenio suscrito por Francisco Camps y Rita Barberá, se reutilizaría como avenidas y viales urbanos. Una repercusión que, 14 años después con el circuito sin uso y abandonado, los dueños de los terrenos del PAI del Grao se resisten a asumir.
El nuevo convenio, según lo anunciado ayer por Sandra Gómez, dirá qué parte del coste del circuito es recuperable y repercutible como carga urbanística del PAI del Grao. Gómez ya avanzó que no todo se podría repercutir a los propietarios del suelo. Con el nuevo convenio, la conselleria de Illueca busca dotarse «de un instrumento jurídico válido para recuperar el dinero invertido en la F1».
El acuerdo llega después de que Illueca consultase al Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre la posibilidad de anular el convenio del PP y anunciase que pediría al consistorio el pago de los casi 40 millones de deuda del circuito, que a día de hoy está pagando en anualidades de 7,5 millones de euros la Generalitat. Una decisión que provocó un choque con la vicealcaldesa, que lleva meses negociando con los dueños del suelo para que asuman la mayor parte posible de las obras de urbanización del circuito, que ahora se quiere reconvertir en circuito «biosaludable».
Como sea, en el nuevo convenio se determinarán los costes de urbanización que tendrán que asumir los dueños del suelo y que serán «exclusivamente los que beneficien a sus propiedades», puntualizaron.
