La vicealcaldesa de València y concejala de Urbanismo Sandra Gómez (PSOE) ha instado a elaborar una propuesta amplia que evite tanto la expulsión de los vecinos y vecinas de barrios trabajadores como consecuencia de determinadas actividades turísticas como por la actividad de fondos buitres que están adquiriendo viviendas por toda la ciudad. Gómez ha mostrado su deseo de acompañar la voluntad política expresada por la Concejalía de Vivienda de frenar los proyectos turísticos que contribuyen a expulsar a los vecinos con una propuesta más amplia que también tenga en consideración la actividad de los fondos buitre.
Tal como publicó el miércoles Levante-EMV, la concejala de Vivienda Isabel Lozano (Compromís) ha pedido que se decrete una moratoria de 2 años y que durante ese período se suspendan las licencias de obras y construcción para nuevos hoteles, pensiones, hostales y apartamentos turísticos en los distritos de L'Eixample, Extramurs, La Saïdia (en una parte) y el Grau, también de forma parcial. Durante ese tiempo, se deberían introducir una serie de cambios en el PGOU para evitar que los fondos buitre o los inversores copen las viviendas existentes en los barrios de València, con fines turísticos o especulativos, y expulsen a los vecinos de sus casas y entornos urbanos tradicionales.
Sobre este asunto, Sandra Gómez ha afirmado: “Quiero acompañar esa voluntad política que ha manifestado la Concejalía de Vivienda con una acción más ambiciosa que dé respuesta a todas las problemáticas que nos podemos encontrar en los distintos barrios de la ciudad. Estoy muy preocupada por las posibles malas prácticas de algunos fondos de inversión que pueden llegar a expulsar a vecinos y vecinas de sus barrios. Se habla mucho de los apartamentos y de los hoteles, pero puede darse el mismo problema con la compra de viviendas que acaban convirtiéndose en oficinas o edificios residenciales para rentas altas. Algo que, por ejemplo, está pasando en la Fuensanta, donde un fondo de inversión ha comprado un lote de viviendas y ahora está intentando expulsar a las familias. No es para apartamentos ni es una zona turísticamente tensionada. Por eso, el Ayuntamiento debe elaborar una estrategia que aborde el problema de una manera más integral”, ha dicho la vicealcaldesa.
Gómez ha subrayado que la nueva estrategia no sólo debería analizar los barrios tensionados turísticamente sino que tendría que abarcar toda la ciudad. “Debemos estudiar un problema que va más allá de determinadas zonas que se pueda pensar que están más tensionadas turísticamente porque estamos viendo que también se está produciendo un fenómeno de expulsión de vecinos y vecinas de barrios de familias trabajadoras que no tienen nada que ver con el turismo como el caso de Fuensanta y que, sin embargo, pueden tener el mismo efecto”, ha explicado.
La vicealcaldesa ha incidido en la necesidad de que la propuesta se desarrolle con todas las garantías y fundamentos jurídicos para que no se encuentre con los mismos problemas en los tribunales con los que se han topado otros ayuntamientos cuando trataron de prohibir determinados usos en barrios concretos. “La propuesta inicial que se hizo desde el área de Vivienda se encontró con dificultades jurídicas que nosotros conocíamos bien porque veníamos trabajando ya en el tema de los apartamentos turísticos desde hacía seis años. Pusimos de manifiesto que había que fundamentar y razonar bien cualquier limitación porque luego nos podíamos encontrar con que la medida no fuera efectiva”, ha asegurado la vicealcaldesa.
La propuesta de Vivienda para frenar la expulsión de los vecinos de sus barrios, ha concluido Gómez, debe abordar el problema desde una “perspectiva constructiva y de mejora en positivo” como ya se hizo con respecto a determinados usos en Ciutat Vella, El Cabanyal y también en Russafa. La Conselleria de Vivienda ya puso en marcha una herramienta legal como es el derecho de tanteo y retracto que permite al Ayuntamiento comprar por el mismo precio las viviendas ofertadas a los fondos buitre, evitando de esta manera que acaben en sus manos y se expulse a las personas que residen en ellas. “La propuesta que se haga desde la concejalía de Vivienda debe utilizar todas las herramientas posibles que abarque soluciones para todo tipo de situaciones, sin dejar ningún escenario fuera”, ha finalizado Gómez.
En esa línea, cabe recordar que Isabel Lozano ya tiene una moción terminada que pretende negociar y consensuar con Gómez. En declaraciones a este diario, Isabel Lozano afirmaba: "Es urgente proteger el uso residencial de las viviendas y la vida de las familias en los barrios de nuestra ciudad. Tenemos que actuar ya para contener la expulsión, cada vez más frecuente, de vecinos y vecinas que vivían de alquiler muchos años y han de marcharse porque un fondo de inversión ha comprado el edificio y decide darle otros usos terciarios (apartamentos turísticos, hoteles, etc) que considera más rentables".
El Ayuntamiento de València decía: "no puede asistir impasible ante esta realidad. Como municipio contamos con una herramienta poderosa como es el Plan General de Ordenación Urbana y, a través de él, queremos aprobar una moratoria que paralice el avance de esas prácticas perjudiciales para la vida en la ciudad y nos permita analizar con más detalle y profundidad cuál será la modificación definitiva a introducir en el PGOU". "Estoy segura de que todo el gobierno municipal comparte esta misma preocupación y que podremos aprobar en breve una moción plenaria para activar dicha moratoria", defendía.
