La vicealcaldesa de València y concejala de Urbanismo, Sandra Gómez (PSOE), es partidaria de elaborar «una propuesta amplia» que evite tanto la expulsión de los vecinos de barrios trabajadores como consecuencia de determinadas actividades turísticas, así como por la actividad de fondos buitres. Gómez recogió el guante y mostró ayer su deseo de acompañar la voluntad política expresada por la Concejalía de Vivienda de frenar los proyectos turísticos que contribuyen a expulsar a los residentes con una estrategia que también tenga en consideración la actividad de los fondos buitre.
Tal como publicó el miércoles Levante-EMV, la concejala de Vivienda, Isabel Lozano (Compromís), ha pedido que se decrete una moratoria de 2 años y que durante ese período se suspendan las licencias de obras y construcción para nuevos hoteles, pensiones, hostales y apartamentos turísticos en los distritos de L’Eixample, Extramurs, La Saïdia (en una parte) y el Grau, también de forma parcial. Durante ese tiempo, se deberían introducir una serie de cambios en el PGOU para evitar que los fondos buitre o los inversores copen las viviendas existentes en los barrios de València, con fines turísticos o especulativos. Sobre este asunto, Gómez ha afirmado: «Quiero acompañar esa voluntad política que ha manifestado la Concejalía de Vivienda con una acción más ambiciosa que dé respuesta a todas las problemáticas que nos podemos encontrar».
«Estoy muy preocupada -resaltó Gómez- por las posibles malas prácticas de algunos fondos de inversión que pueden llegar a expulsar a los vecinos de sus barrios». Se habla mucho de los apartamentos y de los hoteles, pero puede darse el mismo problema con la compra de viviendas que acaban convirtiéndose en oficinas o edificios residenciales para rentas altas. Por eso, «el ayuntamiento debe elaborar una estrategia que aborde el problema de una manera más integral», dijo la vicealcaldesa. La regidora de Urbanismo incidió en la necesidad de que la propuesta «se desarrolle con todas las garantías y fundamentos jurídicos» para que no se encuentre con los mismos problemas en los tribunales con los que se han topado otros ayuntamientos cuando trataron de prohibir determinados usos en barrios concretos. Gómez y Lozano parece que ya han fijado una reunión para tratar estos temas y ver cómo plasmarlos en el PGOU.
