El modo en que se ha concretado la puesta en marcha de las cámaras de Ciutat Vella Nord, que han generado multitud de quejas por parte de los comerciantes, los residentes y los centros escolares, ha provocado que hasta la entidad cívica que las promovió, Amics del Carme, se haya unido a un manifiesto vecinal que acusa al Ayuntamiento de València de haber convertido Ciutat Vella en «un barrio partido, fragmentado». El enfado de los colectivos vecinales entronca con el de los falleros, los centros escolares afectados y hasta los estudiantes de la Universidad Católica de València. Un grupo de vecinos de Ciutat Vella, apoyados por el colectivo Amics del Carme, ha publicado un manifiesto en el que exige al Ayuntamiento de València que se modifiquen «los criterios de acceso» al Área de Prioridad Residencial y además reclama que se abra «un espacio de diálogo» para abordar todos los problemas que está causando el inicio de la fase sancionadora de este cierre parcial al tráfico del centro histórico.
«Cuando residentes y ayuntamiento comenzamos a hablar en 2015 de fijar un área de preferencia residencial, afrontábamos este proceso con ilusión y dibujábamos un mapa que iba desde el barrio de Velluters hasta el de Xerea, sin exclusiones. Se trataba de eliminar el tráfico rodado oportunista, aquel que utiliza el barrio solo como lugar de paso y así facilitar la accesibilidad de los residentes. Hoy, en cambio, nos encontramos con un barrio partido, fragmentado», subraya este manifiesto, para el que sus promotores piden a todos los residentes que se sumen con sus firmas. Hasta tal punto, continúa el texto, que la decisión del consistorio «de controlar el tráfico solo en medio barrio, el más monumental, y excluir el resto, se ha transformado en un problema añadido para muchos vecinos y vecinas». «Como residentes en el APR de Ciutat Vella, - señala el vecindario – incluidas las familias usuarias de los servicios públicos, solicitamos con urgencia que se modifiquen los criterios de acceso actuales». Además, apuntan: «Los vecinos y vecinas residentes en las calles contiguas a la zona de tráfico controlada no tienen que ser excluidos, los centros escolares tienen que poder gestionar las necesidades logísticas y de accesibilidad igual o mejor que los comercios o los hoteles». La prioridad residencial se tiene que concretar «en medidas que faciliten la movilidad y la convivencia de los habitantes, no solo la de los visitantes ocasionales». Efectivamente, los residentes «consideramos que hay que fijar un APR para contener la presión del tráfico de vehículos sobre Ciutat Vella, un área que promueva y facilite el arraigamiento de las familias y la convivencia vecinal». Los firmantes piden abrir un «espacio de diálogo», «sin excluir a los residentes», para buscar soluciones a los numerosos problemas que ha generado el inicio de esta fase donde se están multando con 60 euros a los infractores.
