El estrés de las cámaras. El miércoles empezaron a multar las cámaras del Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella Nord. Esta medida, según el Ayuntamiento de València, gobernado por Compromís y PSOE, debería servir para pacificar el tráfico rodado en la zona. El tránsito de vehículos ha disminuido. Pero residentes, comerciantes, falleros, estudiantes o padres de alumnos están en armas. Los problemas para darse de alta en el registro telemático y la falta de soluciones por parte de Movilidad Sostenible ha indignado a los afectados, que tienen miedo a las sanciones.
La puesta en marcha de la fase sancionadora del Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella Nord, que implica que desde el miércoles se multa con 60 euros a los conductores que no hayan autorizado sus vehículos en la base de datos del ayuntamiento, ha generado una ola de desconfianza, miedo y rechazo por parte de los colectivos más afectados por la medida. Según datos de la concejalía de Movilidad Sostenible, el tráfico rodado en esta zona ha experimentado bajadas de hasta el 20%. Ahora bien, se ha producido un efecto indirecto también: el pánico a las multas ha llevado a muchos residentes de Ciutat Vella a renunciar a utilizar el coche por temor a ser sancionados. En el caso de los visitantes habituales, como profesores o estudiantes de los centros educativos de la zona, optan por evitar entrar en el APR y aparcan lejos de la zona «prohibida».
Por ejemplo, los componentes de la Agrupación de Fallas Seu-Xerea-Mercat, junto a 40 entidades festivas, han decidido reunirse esta semana próxima para estudiar posibles medidas de protesta. Pero tal como explicó el presidente del sector Tono Fagoaga «quedaremos fuera de Ciutat Vella» porque sin autorizaciones es «imposible convocar a representantes» de tantas entidades sin tener accesos ni aparcamientos garantizados. Por su parte, una empleada de Tonenart, María José Durá, ubicada en la calle Corona, señala que este cierre parcial al tráfico, va a condicionar la movilidad de todos los actores de su negocio. «Los clientes van a dejar de venir y las dependientas no saben como podrán acceder al APR porque tenemos pocas autorizaciones», explicaba.
También Amics del Carme, colectivo vecinal que promovió instalar las cámaras, ha criticado ahora el modo en que se ha concretado el plan. El barrio está «fragmentado, partido», dicen, y «se ha excluido a los residentes». Estos últimos están teniendo enormes dificultades para dar de alta sus matrículas en el registro telemático por los problemas electrónicos de la plataforma municipal y porque los teléfonos de información siempre comunican.
Otros visitantes accidentales pero habituales, son los repartidores. Uno de los afortunados que sí logró autorización es Manuel Gómez, de Interaphotek, quien dijo que a su jefe le costó meses dar de alta las matrículas de sus furgonetas. «Ahora solo venimos con las autorizadas», manifestaba.
