El plan especial para la revisión del área funcional de Benimaclet que la Concejalía de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de València ha encargado a la empresa municipal Aumsa incorpora por primera vez, en línea con las necesidades del urbanismo poscovid, la exigencia de construir viviendas con balcón o terraza. La pandemia del coronavirus y el confinamiento pusieron en valor los balcones de las viviendas, un elemento exterior que en muchas ciudades computa como superficie edificable y que las constructoras han ido suprimiendo en aras de aprovechar al máximo los metros.
Con la pandemia muchas ciudades anunciaron medidas para exigir por ley los balcones. En València, el plan de Benimaclet incluye como uno de los criterios técnicos a la hora de redactar el nuevo planeamiento la construcción de «viviendas que creen entornos cómodos para las familias con amplias terrazas». El documento rechaza el modelo residencial abierto y la «excesiva proliferación de espacios comunes de uso privado» como planteaba el anterior diseño presentado por Metrovacesa, descartado por la Concejalía de Desarrollo Urbano en enero por no acoplarse a las exigencias de sostenibilidad y las necesidades derivadas de la covid-19. En este sentido, en Benimaclet el nuevo plan potenciará la generación de «espacios públicos de encuentro ciudadano y relación social».
Además de la edificabilidad otro de los motivos de discrepancia entre los socios del gobierno del Rialto son los huertos urbanos existentes, que el alcalde, Joan Ribó, ha abogado por mantener. Los criterios técnicos aprobados para la redacción del nuevo plan omiten este punto, aunque si plantea en general el «respecto al paisaje y la recuperación e integración del barrio con la huerta».
El plan establece la ubicación de «la edificación como cierre de la trama urbana existente y la reducción, en la medida de lo posible, de su altura y volumetría en su aproximación hacia la huerta», lo que «permitiría conformar una nueva fachada urbana mejor integrada en su entorno paisajístico agrícola» .
Las directrices iniciales del plan fijan la mezcla de usos y apuntan que un 20% de la edificabilidad estará destinada a usos «económicos» o terciarios para la creación de comercios u oficinas que permitan «acercar la casa al trabajo» y evitar desplazamientos ahondando en el modelo de la «ciudad 15 minutos». Además, se eleva el porcentaje de vivienda protegida, con una media del 20% en toda la ciudad, hasta el 30%.
Sobre la Ronda Norte, el nuevo plan no abordará el soterramiento, que defienden los vecinos y la concejalía de Movilidad, pero sí fija que deberá incorporar al menos, «el estudio de posibles actuaciones a realizar en su borde exterior y espacios adyacentes para mejorar la conectividad con la Huerta y para minimizar los impactos que produce en el sector».
