El Ayuntamiento de València ha clausurado cerca de 200 viviendas turísticas ilegales en los últimos 3 años. Este dato oficial figura en la respuesta que le ha facilitado el servicio de Obras, Infraestructuras y Gestión Urbana, que dirige la vicealcaldesa Sandra Gómez, al grupo municipal del PP.
En concreto, en el presente ejercicio de 2021, se han clausurado 141 apartamentos turísticos en toda la ciudad; durante 2020, se cerraron 29; y en 2019, 24. Los motivos principales de estos cierres es que son pisos que no tienen la calificación de turísticos pero operan como tales, lo que provoca multitud de quejas en los vecinos y residentes. Otra cuestión que también provoca que se pueda clausurar una vivienda turística es que no reúna las condiciones legales adecuadas para ejercer esta actividad.
Estas cifras encajan con lo anunciado a mitad de noviembre por la vicealcaldesa de València y concejala de Urbanismo Sandra Gómez (PSOE) que instaba entonces a elaborar una propuesta amplia que evite tanto la expulsión de los vecinos y vecinas de barrios trabajadores como consecuencia de determinadas actividades turísticas como por la actividad de fondos buitres que están adquiriendo viviendas por toda la ciudad. Gómez mostraba su deseo de acompañar la voluntad política expresada por la Concejalía de Vivienda, que dirige Isabel Lozano, de frenar los proyectos turísticos que contribuyen a expulsar a los vecinos con una propuesta más amplia que también tenga en consideración la actividad de los fondos buitre. Tal como publicó este diario, la concejala de Vivienda Isabel Lozano (Compromís) ha pedido que se decrete una moratoria de 2 años y que durante ese período se suspendan las licencias de obras y construcción para nuevos hoteles, pensiones, hostales y apartamentos turísticos en los distritos de L’Eixample, Extramurs, La Saïdia (en una parte) y el Grau, también de forma parcial. Durante ese tiempo, se deberían introducir una serie de cambios en el PGOU para evitar que los fondos buitre o los inversores copen las viviendas existentes en los barrios de València, con fines turísticos o especulativos, y expulsen a los vecinos de sus casas y entornos urbanos tradicionales. Sobre este asunto, Sandra Gómez ha subrayado que la nueva estrategia para combatir la turisficación en todos los barrios no sólo debería analizar los tensionados turísticamente sino que tendría que abarcar toda la ciudad. «Debemos estudiar un problema que va más allá de determinadas zonas que se pueda pensar que están más tensionadas turísticamente porque estamos viendo que también se está produciendo un fenómeno de expulsión de vecinos y vecinas de barrios de familias trabajadoras que no tienen nada que ver con el turismo como el caso de Fuensanta y que, sin embargo, pueden tener el mismo efecto», explicaba. Colectivos vecinales como Veïnat en perill d’extinció, Amics del Carme, Amics de Velluters, EntreBarris o diversas entidades de la Saïdia se han movilizado en los últimos tiempos contra la turisficación de estos barrios y distritos. Lo último ha sido la manifestación de la Saïdia contra un macrohotel y en la que se ha denunciado este problema.
Con todo, estos cerca de 200 apartamentos turísticos clausurados demuestran que Urbanismo y la vicealcaldesa están vigilantes sobre este problema, y sobre quienes no cumplen la ley. En ese sentido, el concejal de Turismo Emiliano García ha declarado que están trabajando «para controlar y eliminar la oferta turística ilegal».
