Los problemas de accesos al Área de Prioridad Residencial (APR) de Ciutat Vella, que sufren multitud de ciudadanos, han acabado en el Defensor del Pueblo. La madre de una niña discapacitada que estudia en el CEIP Santa Teresa, colegio incluido dentro de esta zona del centro histórico restringida al tráfico, ha presentado una queja ante Ángel Gabilondo porque el Ayuntamiento de València ha informado a la afectada que el acceso al centro «para llevar a su hija no está justificado».
Tal como se refleja en el expediente iniciado por el Alto Comisionado de las Cortes Generales, que obra en poder de Levante-EMV, «la interesada considera conveniente que su hija continúe en el mismo centro educativo, en el que está integrada y se encuentra bien, y no comprende los motivos de la denegación de acceso, habida cuenta de que el mero hecho de que su hija esté matriculada en el centro debería conllevar la facilidad de acceso a la zona con su vehículo».
Tal como relata la ciudadana y el expediente del Defensor del Pueblo, la pequeña tiene una discapacidad del 40 por ciento y está escolarizada en el CEIP Santa Teresa desde los 4 años. Este colegio lo eligió por sugerencia de la inspectora de Educación, después del informe psicopedagógico y el dictamen de escolarización que evaluó a la niña.
La madre necesita entrar en la zona de la APR para dejar a su hija en el cole. Como argumenta ante Gabilondo, el CEIP Santa Teresa se encuentra dentro del perímetro de Ciutat Vella, al que solo pueden acceder vehículos autorizados. Pese a ello, entiende que se le debería dar permiso, pues «son muchas las solicitudes de acceso que se atienden para otras situaciones (transporte escolar colectivo, taxis, etcétera)». Por todo lo expuesto, esta ciudadana ha pedido la intermediación del Alto Comisionado. Por su parte, Ángel Gabilondo ha admitido la queja y ha abierto un expediente. El pasado 29 de diciembre comunicó al alcalde Joan Ribó la existencia de esta queja.
En una breve diligencia le notifica que se han abierto actuaciones para esclarecer los hechos y le exige que le remita información sobre esta cuestión en virtud del artículo 18.1 de la Ley Orgánica 3/1981 que dice: «Admitida la queja, el Defensor del Pueblo promoverá la oportuna investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos de la misma. En todo caso dará cuenta del contenido sustancial de la solicitud al Organismo o a la Dependencia administrativa procedente con el fin de que por su jefe en el plazo máximo de quince días, se remita informe escrito. Tal plazo será ampliable cuando concurran circunstancias que lo aconsejen a juicio del Defensor del Pueblo».
Respuesta de Movilidad
Ayer fuentes de la Concejalía de Movilidad Sostenible, que es el área que ha puesto en marcha el APR y que otorga los permisos de acceso a la misma, señalaron que no les consta el caso de esta niña. También argumentaron que todos tienen derecho a acceder a la zona restringida «en condiciones, bajo el reglamento que se trabajó con todos los agente, y que recoge todas las necesidades».
Sin embargo, el concejal del Grupo Popular Carlos Mundina señaló tras conocer este asunto que es «una muestra más de insensibilidad del gobierno de Compromís y PSOE». «Es grave que no se atienda esta petición de una madre que debe llevar a su hija al colegio que está dentro de la zona APR de Ciutat Vella y por ello pedimos que se corrija cuanto antes esta situación», explicó Mundina.
La puesta en marcha de las cámaras de Ciutat Vella Nord, que multan con 60 euros a los vehículos no autorizados, ha motivado las quejas de las 40 entidades festeras y falleras de Ciutat Vella, y los profesores y la AFA del CEIP Santa Teresa, que han denunciado toda clase de problemas para entrar a sus sedes y al colegio porque el consistorio concede un número reducido de permisos.
De hecho, hasta Amics del Carme, que propuso hacer la APR, está reuniendo firmas para que se anule y reformule. Mundina considera «inadmisible» que solo se concedan 2 autorizaciones a estos colectivos, que necesitan entrar en la Ciutat Vella Nord cada día, por cuestiones de trabajo o de fuerza mayor.
