El alcalde, Joan Ribó, fija como objetivo de su gobierno el derribo del hotel Sidi, en pleno corazón del Parque Natural de la Devesa. En la presentación de los nuevos agentes y vehículos de la Policía Local, el alcalde ha dado su "conformidad entusiasta" a la decisión de la concejala de Actividades, Lucía Beamud, de dar por caducada la licencia de actividad y denegar también la licencia de obras para reformar el hotel, emblema en su día del lujo y construido en 1976 sobre las dunas de la playa del Saler. Los planes del Gobierno del Rialto, formado por una coalición de Compromís y PSPV, es que los terrenos que ocupa el hotel, gracias a una concesión, renovada en 2018, del Ministerio de Transición Ecológica a favor de Caixabank y BBVA, "vuelva a ser como era antes, una playa, que vuelva a ser parque natural", ha recaldado Ribó.

El alcalde no ha dejado lugar a duda. "El objetivo es que se derribe", aunque ha admitido que "costará". La fórmula para forzar el derribo del hotel será, según lo apuntado por el alcalde, el Plan de Usos (PRUG) del parque natural de la Devesa-Albufera de la Generalitat, en la actualidad en proceso de revisión. "La solución lógica" es que el suelo que ocupa el hotel "vuelva a ser playa" del parque natural. Retirar la licencia de actividad ha sido el primer paso, ha asegurado el primer edil.

El PRUG de la Albufera será por tanto la herramienta que explore el ayuntamiento para evitar la reapertura del hotel que promueven Divarian y Coral Homes, las empresas inmobiliarias de las citadas entidades bancarias. La propuesta de demolición del hotel "se hará de manera articulada" con el PRUG detalló el alcalde.

El Sidi Saler, del lujo al abandono

El Sidi Saler, del lujo al abandono Marga Vázquez

En la misma línea que Ribó, el vicealcalde y concejal de la Devesa y Ecología Urbana, Sergi Campillo, ha justificado esta mañana la caducidad de la licencia por parte de la Concejalía de Actividades para el hotel Sidi porque "no hay actividad desde hace dos años", al tiempo que ha destacado sobre la propuesta de los vecinos de acodicionarlo para ubicar allí una residencia para mayores que "no es el mejor sitio" para esta tipo de recurso. Campillo aseguró que el ayuntamiento no quiere renunciar "a la recuperación de una zona natural y menos con lo que se nos viene encima con el cambio climático".

El vicealcalde ha asegurado que la obligación de reponer la legalidad del hotel, ahora de titularidad estatal, es el Estado atendiento a los informes contrarios, no vinculantes, que ya han emitido las distintas concejalía del Ayuntamiento de València.

"Está muy bien eso de llenarse la boca con defender la Albufera, pero hay que tomar decisiones y ser valiente, que es lo que hizo Ricard Pérez Casado cuando paralizó el Paseo Marítimo y restauró un cordón dunar que es referencia mundial", ha añadido Campillo. "La costa hay que prepararla para los efectos del cambio climático y hay que eliminar infraestructuras que no tienen impacto social, que en este caso no lo tiene porque no tiene actividad".

El hotel Sidi recalcó Campillo es de titularidad estatal, al haber quedado dentro de la zona del deslinde marítimo-terrestre y urbanísticamente fuera de ordenación sustantiva por lo que el ayuntamiento sólo se puede conceder licencia de mantenimiento, no de reforma estructural ni de reconversión, que es lo que plantearía la actual propiedad con la intención, según se ha publicado, de reconvertir el hotel en residencia para personas mayores y al que Campillo ha mostrado su rechazo.

Aunque el "deseo" de Ribó es derribar el Sidi, cerrado desde hace más de una década y muy degradado tras años de abandono, sus socios de gobierno del PSPV que en su día certificaron el fuera de ordenación del establecimiento, que ha quedado centro del ámbito de dominio público marítimo terrestre y por tanto propiedad del Estado, han dejado ver sus dudas sobre la renuncia a las instalaciones. Los vecinos del Saler también han abogado por reutilizar la infraestructura de algún modo, generando empleo y además evitando la degradación progresiva del edificio hasta que se resuelva el conflicto por el derribo con los propietarios.