El Ayuntamiento de València calcula que necesitará 12,5 millones de euros para consolidar la estructura y poner en marcha el edificio de Hacienda de la calle Guillem de Castro. Después de estudiar el edificio, los servicios técnicos han hecho esa valoración para ponerla sobre la mesa en la negociación que mantiene con el Ministerio de Hacienda para fijar el precio de compra. Su idea es adquirirlo e instalar allí servicios municipales relacionados, previsiblemente, con los impuestos.
Según explicó ayer el alcalde, Joan Ribó, la actual situación de las finanzas municipales, con un porcentaje de deuda muy por debajo del límite permitido (y que se calcula que se situará por debajo de los 300 millones de euros durante el actual ejercicio), y una reducción progresiva de los intereses por la deuda y los gastos financieros (hasta el 97% desde el año 2012), permitiría al consistorio ampliar su patrimonio inmobiliario con este edificio sito en pleno centro urbano.
La Delegación de Gestión de Recursos contrató semanas atrás el estudio patológico del edificio, sito en el número 4 de calle de Guillem de Castro, con el fin de determinar el alcance del coste económico previo a la intervención. El informe de resultados de los trabajos de campo y cálculos para el reconocimiento del inmueble recoge una estimación económica de refuerzo estructural de casi 4 millones de euros (3.863.057 euros, IVA incluido). Además, una vez ejecutada la intervención estructural, y siguiendo los módulos utilizados por el Servicio de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos consensuados técnicamente, se estima la habilitación de obras para una superficie mayor a 10.000 metros cuadrados en 799 €/m2. Teniendo en cuenta que la superficie del edificio es de 10.870 m2 aproximadamente, la habilitación se valora en algo más de 8 millones y medio de euros (8.689.912 euros). Por todo ello, el informe establece un valor total estimado para la operación (la habilitación más el refuerzo estructural) que alcanzaría los 12 millones y medio de euros (12.559.057).
Como es conocido, el Ayuntamiento de València inició a principios de año las negociaciones con el Ministerio para estudiar la compra de este edificio, que lleva cerrado desde 2016, y que el Ministerio pretendía que fuera recalificado para poder venderlo a alguna cadena hotelera, un plan que decayó después de que el Plan Especial de Ciutat Vella fijara que ese inmueble tendría que continuar acogiendo instalaciones públicas. En su conjunto, el edifico analizado presenta síntomas de deterioro estructural aunque, según el informe técnico, se considera viable su refuerzo e intervención.
Una oportunidad
El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, aseguró que se trata de una «oportunidad para el Ayuntamiento de València que hemos de aprovechar». «Los servicios públicos locales han demostrado no solamente ser eficientes sino absolutamente necesarios, especialmente en estos momentos de pandemia», explicó el edil, quien argumentó que, por eso, «lejos de seguir la senda de la reducción del sector público local, nosotros queremos redignificarlo, y este edificio puede ser un gran espacio de atención ciudadana».
