A menudo aparecen en los medios de comunicación noticias sobre pisos donde sus propietarios acumulaban toneladas de basura y acababan desquiciando a sus vecinos por los malos olores y las molestias que causaban. Pero no se trata de un hecho puntual, sino más bien de algo relativamente frecuente. De hecho, el Servicio de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de València intervino el año pasado en 112 domicilios «donde se acumulaba basura o presentaban problemas serios de higiene», muchos de ellos previa denuncia y autorización judicial.

Según explicó el concejal Emiliano García, en los últimos años el número de intervenciones se ha estabilizado en torno al centenar y suelen ser casos relacionados con problemas de salud mental o personas en riesgo de exclusión social.

Para atender estos casos se ha creado un protocolo específico con todas las partes implicadas: Vivienda, Servicios Jurídicos y Servicios Sociales. Y en muchas ocasiones termina siendo un juez el que autoriza la intervención de los servicios municipales.

Generalmente, el expediente se abre después de recibir una denuncia o una instancia de los servicios sociales en la que alertan de un problema de salubridad en una vivienda. Luego, el Servicio de Sanidad realiza una inspección para ver el estado de la casa y determinar la actuación que conviene. Y si la actuación es compleja, se requiere a la propiedad o al inquilino para que tome medidas. Si esto no funciona, se pide un informe de los servicios jurídicos y se reclama al juez permiso para intervenir. Una vez autorizados por el juez, intervienen la Policía Local, Residuos Sólidos y Servicios Sociales, todos ellos liderados por un médico que determina qué objetos de valor hay que conservar.