La junta de gobierno del Ayuntamiento de València ha declarado hoy la urgencia de la contratación del sistema de gestión y control para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que restringirá la entrada a la ciudad de los vehículos más contaminantes. La ZBE debe estar operativa en menos de dos años en cumplimiento de la ley de Transición Ecológica que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener delimitadas en diciembre de 2023 dichas áreas restringidas al tráfico. Al calendario de la ley se suman los plazos que regulan los fondos europeos Next Generation con los que València prevé financiar su ZBE. Para no perder los nueve millones de euros que València va a recibir de Europa para la creación de la zona de bajas emisiones los contratos deben estar licitados antes de abril de este año, de ahí la declaración hoy de la urgencia.
Así lo ha explicado el vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, en la habitual rueda de prensa posterior a la junta de gobierno. "Hay que acelerar" la tramitación de la zona de bajas emisiones, que regulará la entrada de vehículos en función de una etiqueta ambiental, porque "ya tiene aprobada la financiación" de los Fondos Next Generation. El alcalde, Joan Ribó, por su parte, ha asegurado en la conmemoración del quinto aniversario del anillo ciclista, que la futura zona de bajas emisiones "engarza" con el proyecto València ciudad neutra de emisiones para el año 2030 que impulsa el ayuntamiento y que también optará a fondos comunitarios.
Lo que no se ha concretado todavía es el perímetro que tendrá esta nueva zona de bajas emisiones a la que no podrán acceder los coches más antiguos, en especial los diésel. El centro de València ya está cerrado al tráfico, salvo para residentes y transporte público, con la implantación a principios de año del Área de Prioridad Residencia (APR). El perímetro de la ZBE irá "mucho más allá" han asegurado fuentes municipales, si bien ni Campillo ni el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, en el acto conmemorativo del anillo ciclista, han concretado donde se ubicarán las cámaras. "Es algo que todavía se está debatiendo", apuntó el vicealcalde. Antes de definir el ámbito y el mapa de la ZBE es necesario, ha dicho Grezzi, tener "preparada la parte técnica", esto es, las cámaras, la plataforma tecnológica y la red de fibra óptica. "Hablar de perímetro es prematuro", ha insistido el responsable de Movilidad que asegura que antes debe estar también aprobado el marco normativo y la nueva ordenanza donde se determinarán qué coches podrán o no entrar en base al sistema de las etiquetas ambientales.
El etiquetado de los vehículos según sus emisiones contaminantes por parte de la Dirección General de Tráfico funciona en España desde el año 2016. La etiqueta ambiental clasifica por letras y colores a los vehículos según la normativa existente en el momento de su fabricación. Las etiquetas "cero" y "eco" identifican a los vehículos eléctricos e híbridos enchufables. La pegatina C señala a los coches gasolina matriculados a partir de 2006 y a los diesel matriculados a partir de 2014. La etiqueta B es para los vehículos más antiguos: los gasolina a partir de 2000 y los diesel matriculados a partir de 2006. Los coches anteriores no tendrán pegatina y en ciudades como Barcelona ya no pueden entrar en la zona de bajas emisiones, donde en 2024 tampoco podrán acceder los coches de tipo B.
En las próximas semanas se delimitará el perímetro de la ZBE asi como el tipo de vehículos que tendrán la entrada restringida y el calendario de implantación de las restricciones. Está por definir además la ordenanza específica que debe regular la zona de bajas emisiones en cuestiones fundamentales como el sistema sancionador. "Hay que hacer un trabajo ingente", ha destacado Campillo.
"No hay tomada una decisión sobre el cobro de una tasa a los vehículos por entrar en la ciudad"
Tampoco hay una postura concreta aún sobre la aplicación de una tasa o peaje por la entrada en la ciudad, posibilidad que brinda la futura ley de Movilidad a las grandes ciudades y que ya funciona en Londres o Estocolmo. Sobre la tasa, que el alcalde, Joan Ribó, aseguró que se debe "estudiar con calma" para no generar más desigualdades, Campillo ha recalcado hoy que "no hay tomada una decisión". Es un debate que se debe dar, apuntó por su parte del concejal de Hacienda, el socialista Borja Sanjuán, en la rueda de prensa. "El principal objetivo es evitar que entren vehículos contaminantes en la ciudad", destacó el concejal quien añadió que en este punto no hay discrepancia con los socios de gobierno de Compromís.
