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La Comisión de la Competencia rechaza la regulación de las VTC en València

Cuestiona la obligación de contratar el servicio con una hora de antelación o aparcar a más de 300 metros de las zonas de recogida

Un vehículo VTC recoge pasajeros en València

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha rechazado la modificación de la Ordenanza de Movilidad realizada por el Ayuntamiento de València para limitar la presencia de los denominados Vehículos de Turismo con Conductor (VTC), cuya cara más visible son las empresas UBER y Cabify. Los tres principales motivos del rechazo son la obligación de contratar el servicio con al menos una hora de antelación, la prohibición de aparcar a menos de 300 metros de zonas de fuerte concurrencia de personas o la obligación de cambiar los vehículos a otros de cero emisiones. La comisión, de hecho, envió un requerimiento al consistorio para que resuelva ese problema antes de recurrir a los tribunales de lo contencioso administrativo.

El ayuntamiento, sin embargo, ha rechazado este requerimiento al entender que el Tribunal Supremo ya ha declarado este tipo de medidas como "justificadas" a pesar de afectar a la competencia y siempre que resulten necesarias y proporcionadas. Asegura, por tanto, que no queda acreditado que contratar con una hora de antelación afecte a la competencia, o que aparcar a más de 300 metros sea una medida desproporcionada. Tampoco tiene ninguna repercusión en estos aspectos la obligación de cambiar los coches por modelos más ecológicos, dice el consistorio.

La modificación de la Ordenanza de Movilidad se aprobó definitivamente por el pleno municipal en diciembre de 2021 y el requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia es de febrero de este año. En primer lugar, la comisión dice que la obligación de contratar el servicio con una hora de antelación es una medida "mucho más restrictiva y desproporcionada" que la recogida en el decreto ley del Gobierno de 2019, que fija esa antelación en 15 minutos. Así mismo, dice que la obligación de aparcar a más de 300 metros de centros de recogida como centros comerciales, zonas de ocio, puertos, aeropuertos, estaciones, instalaciones deportivas, hoteles etc. es una medida que "va más allá de la norma autonómica" al extender esa distancia hasta esos trescientos metros, lo que "puede producir un efecto restrictivo importante en términos prácticos". Y finalmente cuestiona la obligación de cambiar los vehículos por otros de emisiones cero, pues deja fuera aquellos coches con la clasificación ambiental ECO, que si están amparados en el decreto del Gobierno. Para la comisión, esto es "una extralimitación en las competencias del ayuntamiento".

Respuesta del ayuntamiento

En caso de que este requerimiento no fuera atendido por el consistorio, la comisión podría recurrir a los tribunales por la vía contencioso administrativa, pero el ayuntamiento parece dispuesto a sumir ese litigio. De hecho, así lo comunicará a la comisión.

Respecto a la contratación del servicio con una hora de antelación, el ayuntamiento afirma que la medida tiene amparo en el propio decreto del Gobierno, que establece un mínimo de antelación de 15 minutos, es decir, establece "un suelo" o "criterio mínimo" de quince minutos, lo que significa que la ordenanza no podría establecer una cantidad inferior, pero si superior, como se ha hecho. Tampoco considera acreditado por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia que la antelación mínima de una hora sea desproporcionada.

Por lo que respecta al estacionamiento a más de 300 metros de los lugares de recogida, los servicios jurídicos municipales advierten que la medida tiene cobertura en la legislación autonómica, "por lo que no cabe duda de la legalidad de la medida".

Y respecto al cambio de vehículos por otros de "emisiones cero", el consistorio asegura que, incluso más que las otras medidas, tiene el amparo del propio decreto del Gobierno, que "habilita expresamente a las entidades locales para establecer requisitos adicionales a las especificaciones técnicas de los vehículos".

En conclusión, el ayuntamiento asegura que el requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia es contrario a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y que las medidas municipales tienen amparo en el propio decreto del gobierno y de la legislación autonómica, por lo que rechaza el requerimiento a la espera de que se produzca un recurso contencioso por parte de la comisión.

Salida de las empresas

La decisión, primero de la Generalitat y luego del Ayuntamiento de València, de poner límites muy rigurosos a los VTC hizo que una de las principales compañías, UBER, dejara de operar en la ciudad, y que Cabify funcione por debajo de sus posibilidades. Se atendía, sin embargo, la reclamación de los taxistas, que ven en este tipo de vehículos una competencia desleal que puede dar al traste con sus negocios, que, según recuerdan, llevan décadas prestando un servicio esencial en las grandes ciudades. Las manifestaciones de taxistas y las posteriores negociaciones terminaron por alumbrar la normativa local que ahora cuestiona la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia.

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