La eliminación del llamado "agujero de la vergüenza" de Orriols vuelve a encallar. Una de las propietarias afectadas por la reparcelación de los terrenos aprobada el pasado mes de febrero por la Concejalía de Desarrollo Urbano ha presentado un recurso de reposición en el que reclama la expropiación de su parcela, de 19 metros cuadrados de superficie, y una nueva tasación de su propiedad, por la que el ayuntamiento le ha aprobado una indemnización de 170.000 euros. El ayuntamiento ha rechazado el recurso administrativo de reposición, lo que no impedirá que la afectada acuda a la vía judicial para defender sus intereses, lo que supondría dilatar una vez más la intervención urbanística que eliminará el bautizado como "agujero de la vergüenza".

El plan de actuación (PAI) de la calle Agustín García Lara y la avenida Constitución lleva años pendiente de aprobación. En enero de 2020 la Concejalía de Desarrollo Urbano firmó un convenio urbanístico con Metrovacesa para la urbanización de los terrenos del sector en el que se pondrá fin al denominado «agujero de la vergüenza». La reparcelación de los terrenos, complicada por la dificultad de localizar a los propietarios del suelo, se aprobó en febrero pasado.

El tapón urbanístico de Agustín Lara formado por el muro de una construcción que en su momento partía en dos el barrio y donde los propios vecinos hicieron hace ya décadas un agujero para poder pasar de un lado a otro. La degradación de este espacio fue objeto de crítica y mociones por parte del PSPV hace casi una década cuando estaba en la oposición durante el anterior gobierno de Rita Barberá. La solución llegó ya en la segunda legislatura del gobierno progresista y de coalición (Compromís y PSPV) con el citado convenio urbanístico con Metrovacesa, sin embargo, la reurbanización de la zona podría ahora volver a atascarse por el recurso de una de las propietarias, C.S.G., propietaria de la mitad de una parcela de 38 metros cuadrados del desarrollo cuya tutora legal ha presentado el citado recurso de reposición.  

La recurrente manifestó su deseo de no adhesión al proyecto de reparcelación y como consecuencia del mismo solicita, en aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa, la remisión del expediente al Jurado de Expropiación, aportando su propia valoración. Los servicios jurídicos del ayuntamiento rechazan que exista derecho de la propietaria a ser expropiada y exponen que al no contar la recurrente con suelo suficiente para generar derecho a una parcela en el proyecto de reparcelación se fijó una compensación económico para la parcela objeto de litigio, y destinada a viales, de 170.000 euros.

El ayuntamiento rechaza además la pretensión de la recurrente de suspender la reparcelación alegando interés general al tratarse de un plan urbanístico ya aprobado.