En el ecuador del mes destinado a repensar la ciudad de València, la mesa redonda "Derecho a la vivienda" dejó varias conclusiones interesantes. En el marco del Forum Urbà València 2030, que se prolonga durante 30 días con distintas actividades para reflexionar sobre el futuro de la ciudad, la concejala de Vivienda, Isabel Lozano, aseguró que hay tres políticas activas que se impulsan desde el ayuntamiento para garantizar que todas las personas pueden tener acceso a una vivienda. En estos momentos, el objetivo es garantizar el acceso a un alquiler asequible, la rehabilitación y la regeneración de las vividas más antiguas e incentivar el uso de la gran cantidad de vivienda vacía que hay en la ciudad. En este último punto, la concejala aseguró que el ayuntamiento quiere ponerse manos a la obra para realizar un nuevo catálogo de viviendas vacías ya que el último que existe data de 2011. Eso permitirá conocer qué posibilidades habitacionales existen en la ciudad, qué grado de habitabilidad tiene en función de la demanda actual y cuál es el aprovechamiento de esas viviendas.
Lozano abrió la mesa redonda con una intervención donde lamentó el escaso margen que la administración local tiene para actuar en materia de vivienda y garantizar ese derecho. "Se necesita la colaboración de toda la sociedad, así como un marco legislativo que avale la acción pública", señaló.
Con ella intervino una ponente que apuntaló esta ideas: la Catedrática en Derecho Administrativo, Reyes Marzal, aclaró que parte del problema con el que se encuentra la Administración y el ciudadano es que la vivienda, como tal, no es un derecho, aunque así aparezca en la Constitución: "no se concibe como un derecho fundamental, sino como un principio rector de la política social y económica, lo que limita la puesta en marcha de políticas en materia de vivienda y legislar sobre ello", lamentó.
Marzal ha formado parte de la redacción de la Ley de la Función Social de la Vivienda de la Generalitat, donde la C. Valenciana ha podido introducir una solución a esta cuestión constitucional: en la norma se concibe la vivienda como un "derecho subjetivo", un escalón más que la consideración que tiene en la Constitución.
"Se espera alcanzar unas 700 viviendas en los barrios de Natzaret, Sant Marcelí o Tres Forques", señaló Aznar.
Además, el gerente de Aumsa, Alberto Aznar, incidió en que el segundo de los problemas con el que se encuentra el consistorio valenciano es el envejecimiento del parque público de viviendas, construidas entre los 60 y 70 que, además, son propiedad de personas "vulnerables" cuya economía "no les permite acometer las obras de rehabilitación necesarias". En este sentido, el Plan de Rehabilitación del Ayuntamiento va encaminado a mejorar esa accesibilidad, así como la eficiencia energética y la conservación de los edificios y colaborar estrechamente con esas familias a través de la financiación europea de los Fondos de Reestructuración de la Unión Europea. "Se espera alcanzar unas 700 viviendas en los barrios de Natzaret, Sant Marcelí o Tres Forques", señaló Aznar.
La vivienda de alquiler turístico, otro problema
En la mesa redonda participó Josep María Rigó, gerente del Patronato Municipal de Vivienda y Rehabilitación Integral de Barrios de Palma de Mallorca. Su intervención puso de manifiesto la problemática compartida entre Baleares y València, y una de ellas, el alquiler turístico: "El arrendamiento vacacional y la compra de viviendas por parte de inversores que no residen en la ciudad perjudica a los residentes, ya que se compra barato para vender después a precios mucho más altos", lamentó.
Rigó asegura que la Oficina contra el Desnonament de Palma ha pasado de atender a personas que no podían pagar la hipoteca a ciudadanos que no pueden hacer frente al alquiler
Rigó también puso de manifiesto algo que el Ayuntamiento de València también quiere abordar: eliminar las clases entre los barrios. "No puede ser que la mayor parte de las inversiones se realice en primera línea de playa y se olviden otras zonas de la ciudad". Además, advirtió sobre el cambio de perfil que han percibido en la Oficina contra el Desnonament, que ha pasado de atender a personas que no podían hacer frente a una hipoteca a ciudadanos que no pueden pagar el alquiler, sobre todo tras el impacto que la pandemia ha tenido sobre los empleos del sector turístico, mayoritario en la isla.
