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La petición de licencias de obras se multiplica por diez en siete años

El tapón de permisos pendientes se reduce a poco más de mil después de haber heredado del PP 10.000 expedientes, asegura Sandra G

La petición de licencias de obras se multiplica por diez en siete años

El atasco de las licencias urbanísticas, continuamente en el foco de las críticas por parte de la oposición y de los promotores, presenta síntomas de mejoría. Así al menos lo asegura la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, quien ayer facilitó en rueda de prensa datos actualizados. De los 10.150 expedientes «en tramitación» que había en 2015 se ha pasado a 1.197, lo que significa diez veces menos licencias pendientes que hace siete años. El gobierno progresista se encontró a su llegada en 2015 «un embudo» en el servicio de licencias urbanísticas, con solo cuatro arquitectos y apenas 329 licencias de vivienda solicitadas. El actual gobierno ha triplicado la plantilla, pasando de 4 a 12 arquitectos.

A esto hay que sumar otras medidas como las declaraciones responsables que permiten iniciar obras en edificios sin protección patrimonial con la presentación de dicha declaración que, a posteriori, revisan los técnicos municipales. Las solicitudes de licencia para viviendas han aumentado exponencialmente en los últimos años, pasando de las 329 de 2015 a 3.223 en lo que va de 2022, multiplicándose por diez.

En 2015 se tardaban 10 meses en «asignar técnico» para las licencias de obra nueva y 18 para reforma de edificios protegidos. «Desde que entraba una solicitud pasaban entre año y año y medio y a partir de ahí se empezaba a trabajar el expediente». En estos momentos, se está tardando seis meses en obtener el primer informe de licencia para las de nueva planta, siempre que no haya que hacer subsanaciones, frente a esos 10 de 2015.

En las licencias de rehabilitación de edificios se venía tardando 18 meses en la asignación de técnico. Aunque puede seguir pareciendo largo, ahora el plazo de espera se sitúa en ocho meses.

Otra de las medidas que se puso en marcha hace dos años para desatascar las licencias urbanísticas fueron las Entidades Colaboradoras de la Administración (ECUV) reguladas en un decreto de la Generalitat que permite acudir a entidades externas autorizadas para la gestión de los trámites relativos al proceso de edificación. Los expedientes tramitados por las Ecuv deben remitirse al ayuntamiento para que este compruebe que se ajusta a la legalidad urbanística. Es decir, ha de ser en última instancia el ayuntamiento el que dé el visto bueno. El instrumento de las Ecuv tuvo en un primer momento buena acogida, si bien a tenor de los datos facilitados por Sandra Gómez no ha cumplido del todo las expectativas. En dos años se han tramitado 41 expedientes a través de las entidades colaboradoras. Con las ECUV se pueden obtener licencias en tres meses para nueva planta y 4 meses para licencias de rehabilitación o intervención. Sobre la posibilidad de que los colegios profesionales tramiten licencias para contribuir al desatasco, Gómez explicó que para eso se aprobó el decreto de la Generalitat de las entidades colaboradoras que pueden visar licencias y se ajustan a la norma de libre competencia de la UE.

El PP criticó ayer al gobierno de Joan Ribó por «tardar siete años en reconocer el atasco de la licencias» con 6.500 expedientes, según los datos que maneja el PP, pendientes de tramitar.

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