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Una moción para abolir la prostitución divide al gobierno municipal

La izquierda traslada al ayuntamiento su choque en el Consell

Joan Ribó y Sandra Gómez charlan en el hemiciclo municipal. | M.A.MONTESINOS

La moción para abolir la prostitución que ha presentado el grupo municipal del PSOE al pleno del Ayuntamiento de València de hoy ha dividido a los socios del gobierno municipal, que lidera Joan Ribó. Compromís ya ha comunicado a los socialistas que no apoyará el texto porque considera que se queda «corto». El debate sobre esta lacra social, entre ambas fuerzas progresistas, ya ha generado un conflicto institucional de cierto calado en el Consell, entre la consellera de Justicia Gabriela Bravo y la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas Mónica Oltra. Ahora este choque puede escenificarse también en el hemiciclo del cap-i-casal.

La propuesta que plantea la propia vicealcaldesa socialista Sandra Gómez pide que el Ayuntamiento de València inste a las Cortes Generales a apoyar el proyecto de Ley Integral para la Abolición de la Prostitución, que impulsa el Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Además, exige apoyar la Proposición de ley orgánica por la que se modifica el Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. También aboga por iniciar los trámites para aprobar una Ordenanza Municipal para la Abolición de la Prostitución. Y por último, el PSPV pide al pleno que reafirme la declaración de este órgano municipal, de septiembre de 2019, en la que València se declaró ciudad abolicionista de la prostitución.

Para Sandra Gómez, ningún partido se ha sumado a los socialistas para regular como delito el proxenetismo «cuando es obvio que el proxeneta es una persona que se lucra, somete y se aprovecha de las mujeres prostituidas y que, por lo tanto, debe ser tratado como delincuente». Por eso, en el pleno de hoy, «queremos que València reafirme su posición como ciudad abiertamente abolicionista de la prostitución en donde es absolutamente irrenunciable castigar el proxenetismo como un delito», subraya. En ese sentido, los socialistas plantean «redactar de manera inminente la ordenanza de abolición de la prostitución, una propuesta de la Generalitat, elaborada por la Conselleria de Justicia, que dirige Gabriela Bravo».

Por su parte, el grupo municipal de Compromís está a favor de esta moción «pero se nos queda corta», según explica la concejala de Igualdad Lucía Beamud. La regidora afirma que les han hecho llegar su postura a sus socios de gobierno «para hacer una moción conjunta», que debería incluir una serie de puntos y a partir de ahí «continuamos tendiendo la mano de aquí al pleno para llegar a ese acuerdo».

«Se nos queda corta -añade Beamud- por varias razones, la primera es que no se puede permitir la sanción a mujeres en situación de prostitución y esta situación está pasando ahora por la Ley de Seguridad Ciudadana por eso pedimos la inclusión de la derogación de esta ley o al menos de estos artículos que lo sustentan».

La segunda cuestión con la Compromís difiere es que para poder abolir la prostitución «es necesario poder crear los itinerarios alternativos para poder ofrecer un proyecto de vida autónomo a las mujeres prostituidas y eso se tiene que garantizar de la misma manera que lo estamos trabajando desde el Ayuntamiento de València o desde la Generalitat». En esa línea, «pedimos la aprobación de una renta básica mensual o la derogación de la Ley de Extranjería, una ley que penaliza a las mujeres en situación de prostitución más vulnerables».

Para Beamud y Compromís, esta norma estatal, aboca a las mujeres migrantes «a un círculo vicioso del que no pueden salir y además se está disuadiendo de denunciar la situación que están padeciendo por tener miedo a los retornos en caliente a sus países».

El gran debate ideológico de fondo es que el PSOE se niega a regular la prostitución y aboga por abolirla, persiguiendo además a quienes se lucran de esta forma de violencia machista y a los propios clientes puteros.

La conselleria de Justicia ha presentado una modificación de la ley de Espectáculos para combatir la prostitución en establecimientos públicos, burdeles o locales con licencia de espectáculos. Sin embargo, Compromís entiende que introducir estas medidas implicarán sancionar a las mujeres prostituidas, especialmente vulnerables y que se va a perjudicar más a colectivos como inmigrantes o transexuales.

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