El Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana han llegado a un primer acuerdo, no exento de tensiones políticas, para encontrar la fórmula de gestión de la Marina de València y delimitar las funciones y el peso de cada administración tendrá en el futuro órgano de gestión que sustituirá al Consorcio València 2007, finiquitado hoy. La liquidación del órgano que gestiona la Marina de València aprobada por el consejo rector del Consorcio es consecuencia de la salida del Gobierno tras la condonación de la deuda millonaria por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
El Ayuntamiento de València y la Generalitat, según han explicado hoy el alcalde, Joan Ribó, de Compromís, y la nueva consellera de Política Territorial, la socialista Rebeca Torró, empiezan ahora a negociar el nuevo modelo de gestión.
La Generalitat, dentro de las competencias que le atribuye la Ley de Puertos, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de gestionar como un puerto deportivo la Marina de València, considerada desde su cesión a la ciudad tras la Copa del América como un barrio más. Asi al menos lo ha dicho hoy la consellera Torró. "Estamos abiertos a trabajar en un nuevo espacio que nos lleve a la gestión integral de la Marina", ha dicho Torro, quien ha apuntado que La Marina de València será así uno más de los 35 puertos deportivos autonómicos que ya gestiona la Generalitat.
El alcalde valora que la administración autonómica gestione la lámina de agua y los amarres, una de las principales fuentes de ingresos del Consorcio, pero reivindica el ayuntamiento mantenga en el nuevo ente la gestión, junto con la Autoridad Portuaria de València, de los espacios de "tierra" en la Marina Norte. El alcalde, Joan Ribó, de Compromís, recordó que la marina norte «ya es un espacio de apropiación ciudadana», además de un polo de innovación, en el que el Consorcio ha estado trabajando durante los últimos años.
La propuesta de la Generalitat de convertir la Marina en un puerto deportivo la anunció el presidente Ximo Puig este domingo, horas antes de la reunión del consejo rector, tras meses de negociaciones entre las administraciones local y autonómica en las que se han barajado distintas opciones de gestión del espacio. La decisión del Gobierno de ceder sus amplias competencias tras su salida del Consorcio a la Autoridad Portuaria desató el enfado del alcalde, que reivindicó la Marina para la ciudad. La propuesta de la Generalitat pasa ahora por redefinir la Marina como puerto deportivo.
La lámina de agua y los amarres tanto de la bocana como el pantalán de megayates son propiedad de la Autoridad Portuaria, como también lo son la mayor parte de los suelos de la Marina, cedidos en su día al Consorcio, por lo que la Generalitat tendrá que iniciar ahora un proceso administrativo de segregación que requiere la aprobación de un decreto del consejo de ministros previa aprobación por parte de Puertos del Estado (Ministerio de Fomento).
No ha habido avances sobre la nueva figura de gestión de la Marina y el reparto de poder de las administraciones en la misma, esto es, si el nuevo ente gestor será un consorcio o una empresa. La concejala de Desarrollo Urbano y vicealcaldesa, la socialista Sandra Gómez, ha abogado en este sentido por la creación de una nueva sociedad entre el ayuntamiento y la Generalitat para gestionar la Marina.
Tras la salida del Gobierno y en espera de avances en la fórmula de gestión, la Marina entra en fase de liquidación y una comisión liquidadora será la encargada de resolver el día a día de este espacio de ubicación estratégica en la fachada marítima. "Entramos en una etapa de transición" e "interinidad", admitió el alcalde quien quiso lanzar un mensaje tranquilizador a los trabajadores y empresas de la Marina. No corren riesgo los eventos ya programados.
Los eventos programados "no corren peligro" aseguran Ribó y Torró
De seis a diez meses de interinidad
La liquidación de los activos, pasivos y derechos del Consorcio, entre ellos la deuda pendiente de unos 30 millones de euros del crédito puente de las obras de la Copa América, no será un proceso rápido. Se nombra ahora una comisión liquidadora, formada por un representante del Gobierno, otro de la Generalitat y otro del Ayuntamiento para llevarla a cabo. Dicha comisión atenderá las solicitudes de implantación de nuevas empresas o de renovación de las existentes y las canalizará a las administraciones competentes.
La liquidación podría tardar entre seis y diez meses, lo que prolonga el limbo administrativo y jurídico en el que se encuentran las concesiones de la Marina, entre ellas empresas de innovación, tecnológicas, negocios de náutica, así como restaurantes y cafeterías. Una situación de provisionalidad que ya disuade a inversores.
Ciudadanos ha criticado, en este sentido, la falta de concreción sobre el futuro del espacio. "Esperábamos más de esta reunión". "Después de meses de negociación no han sido capaces de dejar claro cuál será el modelo de gestión", ha destacado Fernando Giner, que ha lamentado el limbo en el que se deja a las empresas de la Marina.
