La multa millonaria que ha impuesto la Inspección de Trabajo a la Empresa Municipal de Transporte ha abierto un nuevo conflicto en la compañía municipal, que ha sido noticia, con demasiada frecuencia y durante todo el mandato actual, por cuestiones ajenas a la movilidad y al servicio de autobuses. El PP cifra en 15 millones de euros el quebranto económico que ha sufrido la compañía municipal en los últimos años «por sanciones, robos y multas». En esa cifra, se incluirían los 4 millones del fraude que el Tribunal de Cuentas ha condenado a pagar esta misma semana a la extrabajadora Celia Zafra y que por tanto recuperarían las arcas municipales.
Con todo, la denuncia política del PP, que quiere forzar un consejo de administración extraordinario para destituir a los responsables de esta mala gestión en materia de personal, ha vuelto a poner a desatar una nueva tempestad en la empresa liderada por el concejal Giuseppe Grezzi. Por su parte, el regidor de Compromís se revolvió ayer y achacó la multa de la Inspección de Trabajo «a un pufo heredado de la época del PP» y deslizó que son los propios populares «quienes deberían pagar ese dinero de su bolsillo».
Además, fuentes de la EMT afirmaron que el PP está confundiendo los contratos que han sido objeto de la inspección laboral. «El PP habla ahora de un contrato de 2017 que no tiene nada que ver con la sanción de la Inspección de Trabajo. Están mezclando contratos», dijeron estas fuentes.
«Una cosa -indicaron las mismas fuentes- es el contrato de limpieza de 2017 y otra es el de 2013 por el cual Inspección de Trabajo abrió investigación y consideró que hubo una cesión ilegal de trabajadores. Son contratos totalmente diferentes», comentaron.
Según Grezzi, el PP y su portavoz María José Catalá «debería hacer autocrítica por su mala gestión». La Inspección de Trabajo, relató Grezzi, ha investigado tiempo atrás, desde 2013 y ha concluido en una primera sentencia que se deben pagar que se deben pagar 14.000 euros. Ese fallo, la EMT lo va a recurrir. Respecto al montante total de la multa que ha impuesto Trabajo, 525.000 euros, Grezzi dijo que esa cifra no es correcta aunque tampoco aclaró el porqué ni dio más explicaciones.
En cambio, el concejal popular Carlos Mundina señaló que el contrato de los servicios de limpieza de la flota de autobuses que ha cuestionado Trabajo lo aprobaron Compromís y PSOE en el consejo de administración del 7 de noviembre de 2017. El PP votó en contra de este contrato firmado para seis años y por 2,5 millones de euros, subrayan los populares. La Inspección de Trabajo en 2020 y 2021 levantó 4 actas de infracción calificadas de «muy graves», por cesión ilegal de trabajadores y por omisión de liquidación de las cuotas de los trabajadores afectados con un importe total de 525.000 euros, remarca el consejero popular en la EMT. Esa cifra puede llegar a 1 millón, dinero que Mundina exigió a Grezzi que pague de su bolsillo.
