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Piden al Consell comprar un edificio ocupado del Cabanyal para evitar el desalojo de 5 familias

Una vecina y su hija de cinco años tienen una orden de desahucio a fecha abierta par abandonar su vivienda, propiedad de la Sareb

La finca ocupada en el Cabanyal

El Sindicato de Barrio del Cabanyal (SBC) ha reclamado a las instituciones "una solución adecuada" para las personas que habitan un bloque de viviendas del Cabanyal, en València, propiedad de la Sareb y que fue ocupado por la organización con el fin de dar una vivienda a cinco familias "en situación de extrema vulnerabilidad y sin alternativa habitacional".

SBC reivindica, primero, que la Sareb, retire los procedimientos judiciales de desahucio iniciados contra dos de las familias del bloque de viviendas; que haga después alquileres sociales a todas las familias y, tercero, que la administración compre el bloque entero, para que este pase a formar parte del parque de vivienda pública y poder concertar alquileres sociales, ha explicado en un comunicado.

La organización ha explicado que en este edificio de la calle de la Reina, junto a otras cuatro familias, reside Tamara, una mujer con una hija de cinco años que tiene una orden de desahucio a fecha abierta.

La Audiencia Provincial de València le notificó el pasado 21 el cumplimiento de la sentencia de la demanda, presentada por la Sareb, que contiene la orden de desahucio. "Es decir, en cualquier momento Tamara y la hija menor de edad pueden ser obligadas a abandonar su hogar", ha denunciado SBC.

El piso de Tamara forma parte de un bloque de viviendas propiedad de la Sareb que, según el sindicato, permaneció "sin ningún uso durante años" hasta que fue ocupado por el Sindicato de Barrio en 2020 para "dar una vivienda a cada una de las cinco familias, en situación de extrema vulnerabilidad y sin alternativa habitacional, que en estos momentos viven en el bloque".

Tamara y su hija llegaron al Sindicato de Barrio del Cabanyal a finales de 2019 "ante una grave situación de precariedad económica y social" y, poco después, la organización decidió ocupar el bloque para "ofrecer un techo a cinco familias del barrio, entre ellas, Tamara y su hija".

Campaña del SBC

Desde aquel mismo momento, el SBC emprendió una campaña de presión tanto por la vía judicial como dirigida a la Conselleria de Vivienda. El SBC ha insistido en que la Sareb es una empresa privada con una mayoría del accionariado del Estado español y "cuenta con más de 45.000 viviendas procedentes del rescate con dinero público de las entidades financieras en 2012". Ha iniciado dos procedimientos judiciales de desahucio contra dos familias residentes del bloque.

Uno de ellos ha sido desestimado gracias al apoyo judicial de esta organización, pero el procedimiento contra Tamara y su hija, llevado a cabo por la vía penal, ha llegado hasta la Audiencia Provincial después de presentar un recurso de apelación contra la obligación de abandonar la vivienda. La Audiencia ha ratificado, mediante auto, el contenido de esta sentencia, que condena a Tamara por usurpación a una pena de multa y ordena la ejecución del desahucio con fecha abierta.

"Esto quiere decir que la comitiva judicial y la Policía Nacional pueden personarse en cualquier momento y echar a esta familia en grave riesgo de exclusión social. El desahucio con fecha abierta vulnera derechos fundamentales como la tutela efectiva y la inviolabilidad del domicilio, sobre todo ante familias de extrema vulnerabilidad, como es el caso de las vecinas del bloque de la Reina", ha argumentado SBC.

El Sindicato del Barrio Cabañal ha señalado que "ha activado todos los mecanismos" para parar el desahucio de Tamara y su hija. Por la vía jurídica, presentará un escrito al Juzgado de Instrucción n°9 de València para solicitar la suspensión del desalojo "en base al vigente Real Decreto que así lo permite".

Al mismo tiempo, está presionando a la SAREB para que motu proprio suspenda el desahucio y formalice alquileres sociales para las cinco familias que viven al bloque. "A consecuencia de la situación de vulnerabilidad del núcleo familiar, es imperativo que se proceda a formalizar un contrato de siete años de alquiler", ha defendido.

También insta a que se lleve a cabo la compraventa del bloque por parte de la administración pública, a partir de la negociación con la Sareb que está llevando a cabo actualmente y "que el banco malo está contradiciendo a los juzgados con sus peticiones de desahucio con fecha abierta".

"Exigimos que las instituciones ofrezcan una solución adecuada para Tamara y para todas las familias del Bloc La Reina, estamos dispuestas a luchar hasta las últimas consecuencias. La adquisición del bloque por parte de la Generalitat no es un fin sino un medio para poder continuar demostrando que la organización y la lucha son la única salida a la opresión del capital", ha aseverado la organización.

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