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Primer contratiempo para la gran operación de soterramiento de las vías del tren en València

La Confederación de la Construcción recurre el contrato del canal de acceso ante el Tribunal de Recursos Contractuales.Aduce que las cláusulas contra el fraude y las penalizaciones previstas, incluidas multas y rescisión del contrato, son abusivas

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Nuevo retraso en la operación ferroviaria y urbanística del Parc Central. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha presentado un recurso ante el Tribunal de Administrativo de Recursos Contractuales contra el pliego de cláusulas administrativas del contrato de obras del nuevo canal de acceso ferroviario para la integración de la Alta Velocidad y la remodelación de la estación Joaquín Sorolla de València. La patronal de las constructores reclama la declaración de nulidad del contrato por no ajustarse a la ley de Contratos y solicita la suspensión de la licitación del canal de acceso una infraestructura muy esperada en la ciudad.

En aras de evitar prácticas como pactos entre las grandes constructoras que dominan el mercado que puedan vulnerar la libre competencia y redundar en una merma de la calidad en la obra pública, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha incluido varias cláusulas "esenciales" de obligado cumplimiento en el contrato del canal de acceso, que salió a licitación el pasado 2 de agosto y cuyo plazo para presentar ofertas concluye el 6 de septiembre. Entre las cláusulas figura, la obligación de las empresas de "abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia". Los contratistas consideran que las "obligaciones esenciales y condiciones ejecución del contrato" previstas en los pliegos son "abusivas", "desproporcionadas" e "incompatibles con el ordenamiento jurídico".

Las cláusulas a las que se refiere la patronal incluyen unas penalizaciones, a su juicio, "totalmente desproporcionadas" entre las que se incluyen multas que podrán alcanzar hasta un 10% del valor contrato, que en el canal de acceso supera los 450 millones de euros, la resolución del contrato de manera anticipada por parte del gestor ferroviario en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte de la contratista, la obligación de resarcir daños y perjuicios y la prohibición de contratar con la administración pública. "La inhabilitación para celebrar contratos públicos es una de las medidas sancionadoras más graves" y puede "poner en peligro la viabilidad de la empresa afectada", advierte la patronal.

El recurso de las constructoras pidiendo la suspensión de la licitación añade retrasos a la operación del Parc Central, pendiente desde hace tres décadas

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La Confederación de la Construcción ha recurrido en los últimos meses todos los contratos de Adif que incluyen las cláusulas contra el fraude, entre ellos el de la remodelación de la Estación del Norte. El canal de acceso, que también incluye dichas cláusulas, se añade a la larga lista de recursos que ha presentado la patronal de la construcción española, lo que sin duda añadirá nuevos retrasos a una operación ferroviaria que la ciudad espera desde hace tres décadas. El plazo para presentar ofertas para la construcción del canal de acceso concluye la primera semana de septiembre, apenas 36 días después de la licitación. Lo ajustado de los plazos fue justificado por el comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, por la importancia de esta infraestructura para València. Esta obra "no puede dilatarse más ni por justicia histórica ni por los plazos que marcan las ayudas europeas", aseguró Boira hace unas semanas. El canal de acceso, como se ha publicado, opta a recibir 160 millones de euros de los fondos Next Generation.

La confederación de la construcción en su recurso califica de "arbitrarias" las cláusulas y advierte de que las obligaciones que impone Adif, entre ellas acreditar la adscripción de una larga lista de medios personales y materiales, más de 400 equipos técnicos en el caso de la obra del canal de acceso ferroviario de València, durante toda la duración de la obra (60 meses) como uno de los mecanismos que justifican la solvencia económica de las empresas. Una exigencia que la CNC considera "absolutamente desproporcionada". Aducen que las obligaciones exigidas por el gestor ferroviario "generan inseguridad jurídica" y no favorecen la participación de las pequeñas y medianas empresas.

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