La suspensión de la licitación del canal de acceso de València, o lo que es lo mismo, el soterramiento de las vías del Parc Central, no ha sentado bien en el equipo de Gobierno municipal, que ha afeado a las empresas constructoras el daño que causan a la ciudad y su falta de empatía con el interés general de los ciudadanos, máxime cuando estamos hablando de la obra más importante de la ciudad y una inversión superior a los 500 millones de euros.
La paralización de la licitación se ha producido por el recurso de la Confederación Nacional de la Construcción, que consideran ilícita una cláusula del pliego de condiciones relacionada con los motivos de incumplimiento en los que podría incurrir el contratista, que comportarían la resolución del contrato, y que ha sido considerada "arbitraria" o que podría generar "inseguridad jurídica".
El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, ha explicado que en situaciones de dificultad habría que exigir a las grandes empresas que atiendan al interés general, que en este caso es que la obra se inicie cuanto antes, y "no pongan palos en las ruedas". Aunque ha reconocido el derecho a recurrir las cláusulas contractuales, ha instado a hacer una reflexión sobre si en este momento "el mejor servicio a la ciudad" es recurrir el pliego de condiciones.
Si la respuesta a esa reflexión es no, ha continuado el concejal, "hablaría muy bien del compromiso que tienen estas grandes empresas con el bienestar de esta ciudad, intentando que la licitación fuera lo más rápido posible y permitiendo que no se pusiera en riesgo la obtención de fondos europeos y la creación de empleo de centenares de personas".
Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, dice que "esto se veía venir" y admite que se trata de un mecanismo democrático y de defensa de las empresas, pero "nos fastidia porque paraliza bastante las obras". "Ha retrasado muchas obras del ayuntamiento y esta también", afirma el alcalde, que exige a este tribunal, "que no es un tribunal de justicia", que se dé la máxima prisa "porque llevamos veinte años con esto". Se refiere al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que ha sido el que ha suspendido la licitación.
Por otro lado, recuerda que "hay unos fondos europeos Next Generation que tienen un límite para poderse aplicar, por tanto es imprescindible que eso valla al máximo de velocidad. València ya no puede esperar más para ser un nodo fundamental del Corredor Mediterráneo. Así pues, este recurso es un mecanismo democrático, pero es muy urgente que se retome ese proceso. Hay que pedir urgencia máxima", ha explicado el alcalde.
La licitación contempla tanto las obras del nuevo canal para la integración de la red de alta velocidad en la ciudad como la ampliación y remodelación de la estación Joaquín Sorolla y la ampliación del aparcamiento y depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de Adif.
