El gerente de la empresa que gestiona el balneario La Alameda de València, Javier Vázquez, dijo ayer haberse enterado «por la prensa» de la orden de cierre cautelar del establecimiento decretada por la Concejalía de Sanidad por la detección de legionella en los últimos análisis realizados desde el propio ayuntamiento.

Por ese motivo, el espacio continuó ayer abierto y recibiendo clientes, como pudo comprobar este periódico, y lo hará también hoy, según refrendó Vázquez, mientras no disponga del documento que le obligue a cerrar.

Eso sí, también reconocía que «ha habido muchas cancelaciones para hoy y también clientes que nos han pedido la devolución del dinero». «Nos van a arruinar», aseguraba al enterarse por la información publicada en Levante-EMV de la orden de cierre.

El gerente reconoce que hace dos semanas, el 21 de enero, acudieron al balneario varios técnicos del ayuntamiento que inspeccionaron toda la instalación y tomaron muestras del agua para analizarla en el laboratorio municipal. La resolución señala que el resultado de esos análisis arrojan presencia de legionlla en el aljibe y legionella pneumophila en la piscina de magnesio. Pese a ello, el responsable de la instalación asegura que dispone de decenas de análisis realizados por una empresa especializada que niegan la presencia de esta bacteria.

Además, aclara que, aunque en el momento del análisis hubiera «ahora mismo ya no estaría porque los vasos se vacían todas las semanas y se limpian».

En ese sentido, explicaba que el balneario cierra el domingo a mediodía y abre el miércoles y que durante esos dos días se vacían los vasos, se limpian con ácido «y cuando los volvemos a llenar se hipercloran» para mantener la calidad del agua.

Vázquez, cuya empresa tiene contrato de gestión del establecimiento desde 2016 y aún le quedan otros 32 años más, cree que detrás de esta orden de cierre se encuentra el enfrentamiento que mantiene con el ayuntamiento por una serie de cuestiones administrativas relacionadas con impagos tanto por una parte como por la otra. El ayuntamiento le reclama a la empresa el canon, mientras que esta asegura que es el único establecimiento de la ciudad que no ha cobrado la ayuda -el gerente lo llama indemnización- por el cierre durante el confinamiento de la pandemia, que cifra en 172.000 euros.

Para el responsable del centro esta medida forma parte de «una estrategia política y económica de acoso y derribo por parte para quitarnos de en medio y poder volver a sacar la concesión». El motivo, según su versión, es que «hay otra empresa que está interesada en asumir la gestión». También cree que es en respuesta a la denuncia que presentó contra el consistorio ante la Fiscalía hace dos semanas.

Asimismo, Javier Vázquez afirma que los resultados de las analíticas realizadas en el balneario son «correctos» desde hace meses. «Nosotros hemos hecho todo lo que nos han pedido. Sin embargo, el Ayuntamiento de València no ha hecho nada».

El gerente del balneario tilda la actuación acometida por el consistorio local como «un escándalo de proporciones bíblicas» que supone un «descrédito absoluto» con el fin de «masacrar» a un contratista y advierte que sospecha y advierte que «esto no va a quedar así».

Desde el ayuntamiento, el alcalde, Joan Ribó, defendía la orden de cierre y la enmarcaba en una cuestión de «seguridad sanitaria». La máxima autoridad municipal recordaba que en este espacio se han producido «otros problemas» y denunciaba que, a su juicio, no es «ejemplo de buena gestión». Además, Ribó negaba que se trate de una persecución política y e indicaba que cuando aparece «un asunto de este tipo», lo que se tiene que hacer es «tomar medidas drásticas» para «garantizar la seguridad sanitaria de todas las personas».