El Ayuntamiento de València reclamará al Estado 15 millones de euros de las reclamaciones para la devolución del Impuesto de Plusvalías recibidas a raíz de la declaración en 2021 de inconstitucionalidad del tributo. Así lo ha anunciado esta mañana el concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, en la habitual rueda de prensa tras la junta de gobierno en la que se ha acordado presentar un recurso de reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Hacienda.
Sanjuán ha detallado que a raíz de las sentencias judiciales que han anulado el tributo que grava las ventas de inmuebles que acabaron con la declaración de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional y que representa una importante fuente de ingresos para los municipios, el Ayuntamiento de València ha recibido 16.600 reclamaciones. No todas han sido resueltas aún pero el consistorio calcula ya un perjuicio económico de 15 millones de euros. El impuesto de plusvalías, un tributo de gestión directa de los ayuntamientos, como el IBI o el ICIO, supuso unos ingresos de 23 millones de euros en 2022 para las arcas municipales del "cap i casal".
A pesar del nuevo decreto que modifica el impuesto de la plusvalía aprobado por el Gobierno para minimizar el coste de la devolución del impuesto a la que deberían hacer frente los ayuntamientos, en València se han recibido miles de reclamaciones ya a las que el ayuntamiento tendrá que dar respuesta. Para ello se ha tenido incluso que contratar los servicios de una consultora externa. El Ministerio de Hacienda aprobó una nueva normativa de plusvalías recogida en el Real Decreto-ley del 8 de noviembre, con la que se aportaba a los ayuntamientos y a los ciudadanos un nuevo marco legal que incluye dos modos de cálculo del tributo con el objetivo de ajustarlo a la realidad del mercado inmobiliario.
En los últimos años varias sentencias han anulado varios aspectos y parámetros del impuesto de plusvalía, en concreto, el incremento de valor y el cálculo de las cuotas de plusvalías y la última tumbó el criterio de cálculo de la base imponible. La respuesta del Gobierno fue redactar un nuevo decreto para evitar el coste para las arcas municipales de la más que previsible lluvia de reclamaciones.
Sanjuán ha recordado que la regulación de los tributos es competencia de la Administración Central y excede por tanto de la gestión ordinaria de un ayuntamiento por lo que el "cap i casal" entiende que debe ser el Estado el que asuma al menos en parte el coste económico de las reclamaciones. El gobierno del Rialto espera que el tema no se judicialice y "no sea necesario llegar a los tribunales", si bien Sanjuán recalca que "vamos a defender cada euro de los valencianos".
