Cerrojazo a las viviendas turísticas en el Carmen, la Seu, el Mercat y el Pilar

"No vamos a permitir la liberalización de los apartamentos turísticos". Así lo ha explicado esta mañana la concejala de Desarrollo Urbano y vicealcaldesa, Sandra Gómez, tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que avala las competencias del ayuntamiento para poner coto a este tipo de actividad económica pero que tumba varios aspectos introducidos en el Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella para regular el sector, entre ellas, la posibilidad de fijar un periodo de tiempo, en este caso 60 días, para que los particulares de los barrios con mayor saturación turística del centro histórico (Carmen, Seu, Pilar y Mercat) puedan alquilar sus viviendas. Una vía que el ayuntamiento incluyó bajo la denominación de "vivienda turística ocasional" en el planeamiento urbanístico de Ciutat Vella para dar cabida a la "economía colaborativa", a pesar de las quejas ciudadanas por la turistificación del centro histórico. Ahora, con la sentencia del TSJ en la mano, el ayuntamiento entiende que se debe eliminar esa posibilidad y por tanto no se incluirá en la nueva ordenanza de turismo en la que trabaja el gobierno del Rialto, que estudia entre otras medidas el veto a la compra de edificios enteros por parte de fondos de inversión.

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Además del límite de 60 días al año para viviendas turísticas, el TSJ también anula el requisito de ser persona física y estar empadronado en la vivienda que contemplaba el PEP de Ciutat Vella. Sin estos requisitos, “la calificación de vivienda turística ocasional pierde todo el sentido, por lo que estudiaremos su eliminación, dejando únicamente la profesional, con su zonificación actual”. Es decir, ha afirmado que quedaría “prohibido totalmente excepto en San Francesc, y en edificios completos, nunca viviendas sueltas”.

Mientras las asociaciones (Aveac y Viutur) que aglutinan a los propietarios de apartamentos turísticos, que recurrieron el plan especial de Ciutat Vella por las restricciones a este tipo de actividad, consideran que la sentencia del TSJ da vía libre a los apartamentos, la vicealcaldesa interpreta todo lo contrario y anuncia que se eliminará el resquicio de los 60 días al año para alquilar con fines turísticos una vivienda particular y se prohibirá tal posibilidad. Al menos en Ciutat Vella, ha recalcado Sandra Gómez, quien ha insistido en que la sentencia del TSJ solo afecta a Ciutat Vella. En el resto de la ciudad manda el PGOU y las limitaciones impuestas en su día que obligan a los promotores de apartamentos turísticos a solicitar informe de compatibilidad urbanística al ayuntamiento y a su inclusión en el registro autonómico de alojamientos turísticos.

Sobre la anulación de la distancia mínima de 150 metros entre edificios de alojamientos turísticos de la sentencia del TSJ, Sandra Gómez ha informado de que el ayuntamiento recurrirá esta parte del fallo "para defender este criterio, que no busca otra cosa que evitar la saturación del barrio, y que representa igualmente el interés general de la ciudad y de la ciudadanía”, ha destacado la concejala.

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La vicealcaldesa ha insistido en declaraciones durante la celebración del  III Congreso de Turismo Inteligente en València en que el TSJ "nos da la razón" porque considera los apartamentos turísticos un uso terciario y deja "muy clara la potestad que tiene el ayuntamiento para regular su compatibilidad en las diferentes zonas de la ciudad”. Gómez ha citado párrafos de la sentencia en este sentido. "Resulta completamente ajeno al uso residencial el uso de las VUT (viviendas de uso turístico) puesto que se dirigen, no a satisfacer el derecho a la vivienda, al que es inherente el carácter estable que caracteriza al domicilio habitual, sino a satisfacer circunstanciales necesidades de alojamiento temporal por razones de turismo o vacaciones", ha citado.

Valoración detallada de la sentencia

Gómez ha insistido en que la sentencia avala que “los apartamentos no son viviendas residenciales, por mucho que tengan la misma forma física”. Y, por lo tanto, ha expuesto que “la conversión del uso de viviendas a apartamentos afecta de manera directa al derecho a la vivienda y a la ciudad”. En este sentido, ha remarcado que la sentencia “desestima la pretensión de los demandantes de anular la zonificación propuesta en Ciutat Vella, donde se prohíbe la compatibilidad de los apartamentos turísticos en las denominadas áreas de predominancia residencial para proteger el carácter residencial del distrito y prevenir la saturación”.

Además, ha destacado que el fallo “considera fundamentado el interés general de la medida para la protección del derecho a la vivienda, el entorno urbano, y del patrimonio histórico”. Así, ha citado de manera textual que establece que “es proporcionada al objetivo perseguido, dado que este no puede alcanzarse con una medida menos restrictiva, en particular porque un control a posteriori se produciría demasiado tarde para ser realmente eficaz”.

Por lo tanto, Sandra Gómez ha desgranado que “la prohibición de la implantación de los apartamentos turísticos profesionales se mantiene intacta en todo Ciutat Vella, con la excepción que incluimos en San Francesc, por ser un barrio ya terciarizado”. “Se mantiene el interés general por encima del particular de quienes que pretenden hacer negocio con las viviendas, sin importar las consecuencias”, ha afirmado.

La concejala de Desarrollo Urbano admite que la sentencia considera, sin embargo, que “no se han justificado lo suficiente los requisitos para el establecimiento de los apartamentos turísticos ocasionales”. Ha explicado que esta calificación “la incluimos en el plan para dar respuesta a la verdadera economía colaborativa, es decir, para regular la posibilidad de que las personas que viven en una vivienda en cualquier parte de Ciutat Vella pudieran alquilar su vivienda como apartamento turístico cuando se van de vacaciones”.

"Esta sentencia confirma la importancia de tener bien justificado cualquier cambio en el planeamiento, ya que gracias a ello se ha mantenido intacta la regulación de la vivienda turística profesional”, ha afirmado y ha indicado que por eso “estamos trabajando en un estudio en profundidad y exhaustivo de las afecciones que tienen los pisos turísticos en la ciudad para adaptar su regulación y evitar además que los fondos buitre puedan expulsar a las personas de sus casas”.

Finalmente, ha destacado que la sentencia no es firme, por lo que “nada de esto es aplicable todavía y el PEP sigue intacto en este sentido”. “Desde el Ayuntamiento presentaremos recurso de casación para continuar defendiendo cuestiones tan indiscutibles como el derecho a una vivienda digna y asequible, la protección de las personas frente a los fondos buitre, o la pervivencia del pequeño comercio en los barrios de la ciudad”, ha aseverado. “Vamos velar para que el interés general quede protegido frente a cualquier interés particular especulativo”, ha concluido.