El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, ha presentado esta mañana ante el Ministerio de Hacienda la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, en concepto de los daños y perjuicios económicos derivados de la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de diversos artículos que afectan a la plusvalía para que se compense al Ayuntamiento por una cuantía de 21,9 millones de euros, siete millones más de la estimación inicial.

“Vamos a defender cada euro de las valencianas y los valencianos para conseguir unos recursos que son más necesarios, todavía, en un contexto en el que las administraciones públicas deben ayudar a la actividad económica”, ha expuesto el concejal. Con la declaración de inconstitucionalidad de este impuesto, ha recordado que “todos los ayuntamientos dejaron de percibir una cantidad de recursos muy importante”.

Sanjuán ha advertido que esta cifra “posiblemente se incremente en futuras reclamaciones para añadir las cantidades pendientes de anular o devolver a fecha de 20 de noviembre de este año, más los intereses de demora que se hubieran devengado”. A este respecto, ha precisado que el Ayuntamiento “cumple con el plazo de la reclamación que finaliza mañana 25 de noviembre, lo que permite incrementar en el futuro el importe reclamado”.

El concejal ha explicado que hasta el pasado 30 de septiembre se habían recibido 16.696 reclamaciones y que desde ese día, y hasta la fecha, han entrado 540 reclamaciones más, por lo que actualmente ascienden a 17.230 reclamaciones.

El cálculo de la cuantía

El cálculo supone cuantificar el perjuicio para la hacienda municipal ocasionado por dos vías. Por una parte, la inconstitucionalidad de la regulación del impuesto y por otra parte lo que se deriva del periodo algo superior a los cuatro años en que no ha habido regulación, es decir el tiempo que transcurrió entre la anulación y la aprobación del nuevo real decreto ley en noviembre de 2021.

Finalmente, el importe que se reclama es de 21,93 millones de euros, que se han calculado sumando las devoluciones (10.756.370,91 euros), las anulaciones (567.084,77 euros), los supuestos de no ejecución (8.424.456,95 euros), los costes de gestión administrativa (1.368.620,54euros) y los costes derivados de los contratos para asistencia (1.003.822,84 euros). De la suma de todos estos conceptos resulta un total de 21.938.356,01 euros, que el concejal de Hacienda no descarta que pueda verse incrementado.