La sentencia de del Tribunal Superior de Justicia sobre el plan especial de protección de Ciutat Vella del Ayuntamiento de València que enmienda varios puntos de la regulación de los apartamentos turísticos, aunque reconoce la competencia del ayuntamiento para poner orden en el sector deja, a juicio de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de València, María José Broseta, en evidencia que el "ayuntamiento debe regular de forma realmente sostenible y documentada la oferta de alojamiento en la ciudad".
Es "tremendamente lamentable", recuerda Broseta, que la oferta más demandada de alojamiento de la ciudad "se mueva a golpe de sentencia". La inseguridad jurídica en la que se desenvuelve esta actividad y la falta de una tutela real sobre aquellas claramente ilegales y que provocan conflictos convivencia sea el pan de cada día.
Los efectos sobre el mercado inmobiliario de esta falta de regulación “real” son innegables y urge ponerle solución, y delatan la existencia de procesos de turistificación en determinados barrios.
Esta sentencia es importante por dos cosas, por un lado, confirma lo obvio, la necesidad de disponer licencia para realizar su actividad, cosa que resulta un poco increíble que haya quien lo ponga en duda o que haya sido objeto de recurso, por otro pone en evidencia la falta de motivación, la ausencia de datos y argumentos, que sustentan la regulación propuesta para Ciutat Vella.
Comienza a ser urgente poner fecha al desarrollo de un plan de recursos turísticos en la ciudad, que defina con claridad las reglas de juego en los cambios de uso y la capacidad de carga del territorio.
La fundamentación de las medidas reguladoras que reclama esta sentencia comienza por ahí, por aclarar a cuantos turistas salimos por habitante, cuál es el número máximo que podemos acoger a la vez y en casa de quien van a dormir.
La formula del alquiler ocasional, lejos de suponer una medida restrictiva era, en realidad, una nueva figura de alquiler turístico que ni siquiera viene contemplado en la ley de turismo por lo que no lamentamos en absoluto que caiga en el olvido.
Y mientras se redactan estas nuevas normativas que complemente el PGOU, nada mejor que una moratoria de hoteles, apartamentos y viviendas de uso turístico, como se propuso en el encuentro de entidades vecinales y ecologistas del pasado sábado, pues como se constató en aquel encuentro, vamos a susto diario con los problemas de la vivienda, la colonización del espacio público y la contaminación ambiental.
La FAAVV recuerda que el Observatorio del Ocio y el Turismo sigue en estado de hibernación cuando podría jugar un papel muy relevante a la hora de documentar y avalar el verdadero estado de la turistificación existente.
Mientras no tengamos claro el impacto social y ambiental de la oferta turística que promovemos mejor echar el freno, que la cosa tiene tintes muy preocupantes.
