El Ayuntamiento de València va a proceder a realojar a los sin techos que viven en la vieja fábrica de leche de Benimaclet y a tapiar el inmueble, que amenaza ruina. La concejalía de Bienestar Social, que dirige Isabel Lozano, va a activar un plan humanitario, en coordinación con distintas ONG y con la Policía Local para proceder a desalojar a las personas sin hogar que malviven en la Garrofera. Los motivos esgrimidos por las autoridades está claros: el lugar no reúne las condiciones básicas de salubridad para que allí vivan seres humanos y la estructura de la vieja fábrica está en ruinas, lo que supone un peligro para la seguridad de las personas que duermen en ella, en caso de derrumbes o en episodios climáticos violentos.
Fuentes consultadas por Levante-EMV señalan que en este recinto industrial abandonado viven unos 27 sin hogares, una gran parte migrantes africanos -de Ghana- que trabajan como temporeros, recogiendo naranja en el campo. Otro porcentaje menor son españoles. El padre Pedro Miret así como organizaciones como la Federación Unión Africana de España colaboran habitualmente con las personas que viven en la Garrofera. Casi cada tofos los días los visitan y ven si les hacen falta alimentos o medicinas, y les hacen seguimiento a los enfermos que se refugian en este espacio de infravivienda. Sin embargo, no es un lugar para subsistir ya que no hay agua potable ni luz, y ahora que se acerca el frío invernal, no tienen forma de calentarse más allá de las mantas que puedan conseguir.
El consistorio va a activar un plan humanitario para desalojar de forma consensuada con los afectados y con distintas ONG y entidades benéficas esta vieja fábrica. El modelo que se quiere aplicar, y que requerirá el apoyo de la Policía Local, es el que se aplicó en el desalojo y realojo de los sin techos que vivían en la calle Beato Gaspar Bono, el pasado mes de junio. Aquel grupo de sin hogares, una veintena de personas, fue trasladado a recursos habitacionales del ayuntamiento por las obras que se hicieron en esta zona de forma progresiva, tranquila y sin incidentes.
Las autoridades del Ayuntamiento de València, añaden las mismas fuentes, han tomado conciencia del grave problema humanitario y de seguridad que sufren estas personas, y han activado este plan socio-sanitario para darles una solución a todos los afectados.
Las personas que malviven en la Garrofera deberán abandonarla en los próximos días y antes del 1 de diciembre se prevé que quedará tapiada la antigua fábrica. A los afectados se les realojará en plazas de albergue disponibles del ayuntamiento, ya sea en el CAES (Centro de Atención a Emergencias Sociales), o bien en camas conveniadas con entidades benéficas. Además, indican fuentes municipales, se aprovecharán plazas disponibles en otras entidades que han venido acogiendo a refugiados de la Guerra de Ucrania y que se han ido marchando a otros lugares, dejando camas libres. Los servicios sociales del ayuntamiento también colaborarán con estas personas para tratar de conseguirles ayudas de la administración y asesorarlos a la hora de regularizar sus permisos de residencia, optar a ellos o poner al día su documentación legal y sanitaria.
Dos sin techos murieron en febrero en este lugar
El pasado mes de febrero, dos sin techos, de origen africano murieron en esta antigua fábrica. Uno de ellos sufría un terrible cáncer hepático. Estos días, también hay dos personas enfermas, al menos así lo confirman diversas fuentes, de gravedad. Se trata de dos africanos, uno de ellos sufre una patología cardíaca, y el segundo, una enfermedad renal crónica. Gran parte de las personas que malviven en la Garrofera son habituales de los recursos habitacionales del ayuntamiento. Duermen aquí durante una temporada; a veces, ingresan en el hospital, se marchan a un albergue, lo dejan, incluso pasan tiempo en la calle , donde la vida es muy dura por el frío.
Por eso, van y vienen, lo que hace más difícil ayudarles en caso de extrema urgencia. También tienen miedo, en muchos casos, a ir al hospital o a los servicios sociales municipales porque no tienen la documentación en regla, y temen que puedan ser deportados o expulsados del país.
