Gobierno, Generalitat y ayuntamiento se dan un año para decidir el futuro de la Marina de València

El Ministerio de Transportes, la Generalitat y el Ayuntamiento de València se han dado un año más para decidir como gestionar la Marina de València tras la disolución del actual ente gestor(Consorcio Valencia 2007) después de asumir el Gobierno la deuda (400 millones de euros) de la Copa del América. Así lo confirmaron ayer a este diario fuentes del Gobierno y de Alcaldía que han llegado a un acuerdo para prorrogar un año la cesión de uso de la Marina de València a favor del Consorcio Valencia 2007.

Ante la falta de acuerdo sobre la propiedad de los terrenos y la figura de gestión para este estratégico enclave del frente marítimo de València, las tres administraciones representadas en el Consorcio se plantean reactivar el Consorcio para poder concluir el proceso de liquidación. Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento, que mantienen posiciones diferentes sino enfrentadas sobre quien debe gestionar qué en la Marina de València, han acordado así «darse un tiempo» para negociar la fórmula de gestión del espacio. El Gobierno, como ha publicado este diario, quiere dejar la gestión de los terrenos de titularidad estatal, esto es la mayor parte de la Marina, en manos de la Autoridad Portuaria de València (APV). La ciudad reclama la cesión de la Marina como un barrio más de la ciudad. La Generalitat por su parte ha anunciado su intención de solicitar la segregación de la Marina para gestionarla como un puerto deportivo autonómico.

La decisión sobre la fórmula de gestión de la Marina es muy esperada tanto por las empresas concesionarias de la Marina como por los futuros inversores interesados por los contratos pendientes de licitar como el citado de los amarres, el de la Estación Marítima o los Docks. Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de València acusan a Compromís y el PSPV de tener "aletargada" la Marina, que ya en 2019 se liberó de la deuda millonaria que lastraba su gestión tras asumir el Gobierno el pago de más de 400 millones de euros generados por las obras de la Copa del América.

La cesión del uso de los terrenos y espacios de la Marina de València acababa el próximo 31 de diciembre y el Puerto de València se preparaba para asumir a partir del 1 de enero de 2023 el control del enclave. Así lo había comunicado a las empresas concesionarias de los restaurantes y cafeterías. El Ayuntamiento de València por su parte había dispuesto una partida de casi cinco millones de euros en los presupuestos de 2023 para asumir los gastos de mantenimiento y personal de la Marina donde el ayuntamiento tiene la propiedad de los Docks y los tinglados 2, 4 y 5. La prórroga anunciada por la secretaria de Estado de Transportes al alcalde este martes abre ahora nuevas incógnitas.

La decisión de reactivar el Consorcio, en liquidación desde la salida del Gobierno en noviembre de 2021, deberá ser aprobada en un consejo rector donde se solicitará una nueva cesión de uso por parte de la APV a favor del Consorcio. La gestión de la Marina volvería así, temporalmente, a manos del Consorcio. 

Una de las concesión en las que está trabajando el puerto ante la reversión de los terrenos tras la disolución del Consorcio es la gestión de los amarres de la Marina, un contrato licitado en su día por el Consorcio por 24 millones de euros, que no llegó a adjudicarse, y en cuyo pliego de condiciones trabaja ahora el puerto. El alcalde consiguió en este contrato el compromiso de la secretaria de Estado para hacer valer la opinión de la ciudad sobre el modelo de gestión de la lámina de agua y los amarres.

 La prorroga de la cesión del uso de la Marina obligará ahora al puerto a negociar con el Consorcio, presidido por el alcalde, el lucrativo contrato de los amarres, por el que se han interesado empresas gestoras de marinas de lujo como IGY. El alcalde, Joan Ribó, de Compromís, reivindica en este sentido una marina «popular e inclusiva» y no una marina «excluyente y de lujo». 

De videoconferencia a llamada

La reunión por videoconferencia prevista para este lunes entre el alcalde, Joan Ribó, y la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, para buscar una nueva fórmula de gestión de la Marina de València no se llegó a celebrar por un fallo en las agendas. "Nos quedamos esperando la llamada", apuntan fuentes de Alcaldía. El ministerio reconoció que al no concretarse en el encuentro anterior que Ribó y Pardo de Vera mantuvieron el 30 de noviembre en Madrid la hora de la reunión de este lunes, 5 de diciembre, esta no se incluyó en la agenda de la secretaria de Estado. Finalmente Ribó y Pardo de Vera pudieron hablar por teléfono el martes, cuando el alcalde volaba hacia Bruselas para asistir a la ceremonia de designación de la capitalidad de la Innovación.

Suscríbete para seguir leyendo