La Generalitat comprará un edificio entero de Sociópolis cuyos inquilinos están amenazados de desalojo

La compra, por la vía derecho de adquisición preferente, por parte de la Conselleria de Vivienda del edificio con 184 viviendas amenazado de desalojo en el barrio de Sociópolis, en la pedanía de la Torre, costará a 18,8 millones de euros a la Generalitat. Esa es la oferta que ha realizado un fondo de inversión al grupo Ática, propietario del edificio de viviendas protegidas de alquiler construido en 2012, que la conselleria debe igualar o superar para hacerse con la propiedad del inmueble y evitar el desalojo forzoso del centenar de vecinos que habita el edificio. Será, según explicó el propio Secretario Autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, la compra de mayor cuantía realizada hasta ahora en aplicación del denominado derecho de adquisición preferente, tanteo y retracto de la Generalitat, una prerrogativa legal que hasta ahora se había ejercido con cuentagotas.

La Conselleria de Vivienda y el Ayuntamiento de València han acudido al "rescate" de los vecinos de Sociópolis que dieron la voz de alerta sobre la amenaza de desalojo.

Los inspectores de la conselleria acudirán el viernes a inspeccionar las viviendas del edificio amenazado de desalojo, situado en la calle Metge Ignacio Hernández, para comprobar si la valoración que da la empresa se ajusta con el estado actual de los inmuebles. La intención es evitar el desalojo de los vecinos y de paso aumentar el limitado parque público de vivienda de la Generalitat. Si la conselleria, que el año pasado reactivó la construcción de los bloques de viviendas públicas paralizados por la crisis económica en Sociópolis, compra finalmente el edificio se revisarán los contratos de alquiler y los vecinos podrán quedarse en sus casas. No habrá opción de compra para los vecinos porque la intención es comprar para incrementar el parque público de viviendas de alquiler.

Como se ha publicado, el grupo Ática ha dado a los arrendatarios del edificio hasta el 4 de marzo para dejar las viviendas, una vez superados los diez años de vigencia de la calificación como vivienda protegida. La legislación de vivienda protegida permite vender los inmuebles construidos al amparo de dicha normativa transcurridos diez años, si bien la calificación como tal de las viviendas se prolonga durante 30 años, lo que permite a la administració pública ejercer el denominado derecho de adquisición y tanteo preferente. La Generalitat modificó la normativa del derecho de adquisición preferente en 2020 para ampliar el parque público de viviendas de alquiler, unas de las asignaturas pendientes del gobierno autonómico.

El grupo Ática, aseguran los vecinos, no les ha dado opción de seguir alquilados en el edificio. "Tiene previsto vender las viviendas a un mayor precio o alquilarlas pero a un precio superior". Los vecinos están pagando ahora entre 500 y 650 euros de alquiler y muchos aseguran que no podrían asumir un incremento del arrendamiento y mucho menos la compra de los pisos, explica uno de los afectados, que asegura que Ática le pide 180.000 euros por su apartamento de una habitación.

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