La empresa de la permuta de Tabacalera anulada reclama 80 millones al ayuntamiento

El gobierno municipal de Compromís y PSPV ha justificado en el pleno del Ayuntamiento de València el recurso interpuesto contra la anulación del traslado de la edificabilidad sin consumir del entorno de la Tabacalera a la avenida de Francia para evitar el pago de una indemnización millonaria que la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, ha elevado a 80 millones de euros. El gobierno local ha rechazado en este sentido la moción del PP y Ciudadanos que instaba a retirar el recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia que da la razón a la Asociación de Vecinos de Penya-roja y anula el traslado a dos parcelas dotacionales del entorno de la avenida de Francia de la edificabilidad que la empresa Guadalmedina no ha podido consumir en el entorno de Tabacalera por la anulación de la operación urbanística impulsada en la etapa del anterior gobierno del PP.

El gobierno local ha condicionado, en una moción alternativa aprobada en solitario por los socios de gobierno, la retirada de los recursos interpuestos "por ambas partes en el proceso judicial", en alusión al recurso contencioso-administrativo que mantienen los vecinos. Una solución concertada en aras a evitar las perniciosas consecuencias que la sentencia de Tabacalera tiene para el ayuntamiento.

La vicealcaldesa ha precisado que la empresa exige judicialmente al ayuntamiento 80 millones de euros, "40 millones del incidente de ejecución de sentencia y otros 40 en un expediente de responsabilidad patrimonial”. “Un riesgo tremendo para las arcas públicas del Ayuntamiento de València, que solo tienen un responsable, los gobiernos del PP" ha destacado Sandra Gómez. En la moción alternativa aprobada ayer se incluye en este sentido "estudiar las posibles responsabilidades jurídicas y patrimoniales de los responsables políticos de la operación Tabacalera sobre los perjuicios y daños que está ocasionando al erario público del Ayuntamiento de Valencia". 

La vicealcaldesa de València, Sandra Gómez, ha recriminado al PP que no haya pedido perdón por el "desfalco" de la operación urbanística de Tabacalera, anulada en 2016 por el Tribunal Superior de Justicia por especuladora y expoliadora y apuntó, que el ayuntamiento "utilizará todas las vías legales para evitar que el ayuntamiento tenga que pagar" la citada cantidad de dinero.

Ha advertido Sandra Gómez de que también está en juego el desalojo de la Tabacalera y de los vecinos de las viviendas de Micer Mascó que compraron en su día sus casas "de buena fe". Todo para justificar la decisión del ayuntamiento de mantener el recurso contra el auto que da la razón a los vecinos de Penya-roja, que ayer volvieron al pleno para reclamar al alcalde Joan Ribó que renuncie a la vía judicial y se siente a dialogar con los vecinos, que por su parte mantienen el recurso contencioso-interpuesto contra la operación impulsada por el gobierno progresista para regularizar la permuta de la fábrica y minimizar así el coste en indemnizaciones de la misma.

La permuta y el intento frustrado del actual gobierno municipal de regularizar la operación ha vuelto así a ser objeto de debate antes y durante el pleno ordinario del Ayuntamiento de València. Un pleno en el que la vicealcaldesa justificó la decisión de mantener el recurso mientras los vecinos no retiren el suyo, aunque insistió en que la voluntad del gobierno municipal "es llegar a un acuerdo siempre que los vecinos retiren sus recursos".

El representante de los vecinos de Penya-roja, Fernando Argente, tomó ayer la palabra en el pleno para pedir al alcalde que respete los pronunciamientos judiciales del Tribunal Superior de Justicia que anula el traslado al entorno de la avenida de Francia la edificabilidad sin consumir en el entorno de la Tabacalera. "Es insólito que la justicia le diga que no y aún estamos esperando que se reúna con nosotros y cumpla su compromiso expreso de buscar vías de solución alternativa a la vía judicial", destacó el portavoz vecinal, quien lamentó la "manipulación" con las distintas cifras que se están dando sobre el coste de las indemnizaciones por la anulación de la permuta, que hoy se han elevado a 80 millones. En su día se cifraron en 50 recordó el representante vecinal pero el convenio urbanístico se acaba de liquidar por 6,7 millones.

El concejal de Ciudadanos Narciso Estellés ha invocado al acuerdo y calificado la permuta de suelo en Penya-roja de "injusta". Se lo dicen los tribunales y los vecinos. "Ya hemos señalado a los responsables (el "ejecutivo anterior", ha explicado Estellés), es la hora de parar ya, buscar el diálogo y la acción positiva hacia los vecinos".

La concejala del PP Mª José Ferrer Sansegundo ha recordado al gobierno del Rialto que la responsabilidad del traslado de edificabilidad a la calle Penya-roja "es exclusivamente suya". Ferrer Sansegundo ha reprochado al alcalde la "hostilidad" hacia los vecinos y hacia el PP por lo que pasó en 2005, en alusión a la permuta de la fábrica de Tabacalera impulsada por el PP. "Eso fue otra cosa que no tiene que ver con estos vecinos de Penya-roja".

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