La Generalitat comunica a los vecinos de Sociópolis que comprará la torre amenazada de desalojo

Los vecinos de la torre de viviendas de protección oficial amenazada de desalojo en el conocido barrio de Sociópolis, en la Torre, fueron convocados ayer por la tarde a una reunión en la alcaldía pedánea, para ser informados de los pasos que están dando tanto la Conselleria de Vivienda como el Ayuntamiento de València para evitar que tengan que dejar sus casas de alquiler, propiedad del grupo Atica, que tiene intención de vender el inmueble a un fondo de inversión. Los vecinos, casi 200 familias a las que se ha dado de plazo hasta el 4 de marzo para dejar sus casas, denunciaron la situación y reclamaron la intervención de la Administración que tiene intención de hacerse con la propiedad del inmueble.

A la reunión tenían previsto asistir el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar, y la Concejala de Pueblos, Lucía Beamud. En la reunión, según explicaron fuentes de la Conselleria de Vivienda, se informó a los vecinos de que la Generalitat tiene previsto ejercer su derecho de compra preferente, tanteo y retracto para hacerse con la propiedad del inmueble. Una operación que de tendrá un coste de 18,8 millones de euros. Esa es, tal como informó este diario, la oferta que ha realizado un fondo de inversión al grupo Ática para adquirir la torre de viviendas de Sociópolis, construida en 2012. La conselleria en su oferta de compra debe igualar o superar la oferta del inversor. 

La intención será evitar el desalojo forzoso de los vecinos que habitan el edificio. Los casi 19 millones de euros que la conselleria, si llega a un acuerdo con el propietario, tendrá que pagar por este edificio, que pasará a formar parte del parque público de viviendas de alquiler, es el más alto pagado hasta ahora en el ejercicio del derecho de tanteo. Hasta ahora el precio más alto pagado había sido la compra por tanteo de un edificio en la urbanización de «La Pinaeta» en Sagunto por el que la Generalitat ha pagado 10 millones de euros. 

En la reunión de ayer se informó a los vecinos que si la compra sale adelante se podrán quedar en sus casas. Antes el ayuntamiento revisará los contratos y las situaciones de las familias para ajustar los arrendamientos a cada situación. En la reunión, también se fijó un calendario para las visitas que, antes de la compra del edificio, tendrán que llevar a cabo los inspectores de la conselleria para comproba el estado de las viviendas y ajustar las tasaciones por el edificio, situado en la calle Metge Ignacio Hernández. La intención es evitar el desalojo de los vecinos y de paso aumentar el limitado parque público de vivienda de la Generalitat. No habrá opción de compra para los vecinos.

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