Ingenieros, arquitectos y aparejadores llaman a la puerta de Catalá por el atasco de las licencias

Los ingenieros industriales técnicos valencianos ya han ofrecido a la futura alcaldesa, María José Catalá, su colaboración para evitar la fuga de empresas por el atasco de las licencias de actividad y urbanísticas que distintos sectores profesionales (arquitectos, aparejadores e ingenieros) y de la economía como los promotores (Aprova) y cooperativistas vienen denunciando desde hace tiempo y que, según los últimos datos facilitados por el gobierno municipal a la oposición se cifraban a finales de 2022 en 3.000 licencias pendientes en Urbanismo y 600 licencias ambientales en Actividades.

Aunque las delegaciones de Desarrollo Urbano y de Actividades, responsables de la concesión de las licencias para la construcción o rehabilitación de viviendas, en un caso, y de la aprobación de proyectos como hoteles, oficinas, centros educativos u hospitales, en otro, aseguran que el tapón de expedientes se ha reducido notablemente (solo en Actividades había 8.300 licencias pendientes en 2015) y acortado los tiempos de espera, lo cierto es que los profesionales se siguen quejando de la excesiva burocracia y de la lentitud en la concesión de licencias.

"Se ha hecho bastante pero el atasco era muy grande"

La presidenta del Colegio de Arquitectos de València, Marina Sender, asegura que "se ha hecho bastante pero el atasco era también muy grande" y el problema sigue. Los arquitectos también tiene previsto reunirse con el nuevo gobierno de Catalá una vez tome posesión y se nombre al nuevo responsable de la concejalía de Urbanismo, que en los últimos cuatro años ha estado dirigida por la socialista Sandra Gómez, y de la que ahora podría encargarse a partir del 17 de junio el popular Juan Giner, exdirector general de Urbanismo. La presidenta del colegio de arquitectos, que acaba de renovar mandato, asegura que el atasco de las licencias es un problema que "viene de lejos". Tanto los arquitectos como los aparejadores se han ofrecido a ayudar como entidades colaboradoras de la administración reconocidas, sin que haya habido avances significativos. "Si no nos llaman antes, pediremos nosotros la reunión con el nuevo equipo de gobierno porque es un problema que nos preocupa y mucho", asegura Sender, que atribuye los retrasos a la falta de personal, al aumento de la actividad y a la desaparición de procedimientos como el visado de garantía que antes tramitaban los colegios de arquitectos y ahorraba mucho tiempo en los proyectos de obra.

Hay proyectos sobre los que se pone el foco que se han tramitado, en ocasiones echando mano de la declaración de obra de interés, en tiempo récord como ha ocurrido con el Valencia Arena o más recientemente con la Ciudad Deportiva del Levante proyectada en Natzaret, que ha conseguido licencia en apenas tres meses tras la aprobación de la concesión del suelo por parte de la Autoridad Portuaria de València, pero otros como el hotel y la promoción de viviendas turísticas de los palacios de Exarchs, en la plaza de Brujas, que van para una década de tramitación.

"Hemos normalizado retrasos en las licencias de más de un año y esto no es admisible"

El colegio de ingenieros técnicos también ha denunciado el "embudo administrativo" con retrasos de más de un año del Ayuntamiento de la capital valenciana en la concesión de licencias de actividad. Fuentes del colegio de ingenieros, que se encargan entre otros de los peritajes de los proyectos de obra, explicaron que tienen previsto reunirse con la futura alcaldesa, María José Catalá, para plantearle medidas para agilizar los trámites administrativos.

Los ingenieros industriales, al igual que los colegios de ingenieros, arquitectos y aparejadores, son entidades de derecho sin ánimo de lucro a las que los tribunales han reconocido su derecho a actuar como colaboradoras de la administración en la tramitación de licencias y proyectos, sin necesidad de ser declarada y ajustarse a las exigencias de incompatabilidades de las Entidades Colaboradoras (Ecuv) sin embargo, la colaboración no termina de ser lo fluida que podría ser.

Más de 200 inversores esperan licencia para hoteles y alojamientos turísticos en València

El embudo administrativo en el ayuntamiento, afirman los ingenieros, "está provocando que centenares de empresas que se quieren implantar e iniciar la actividad en València paralicen sus inversiones o las demoren", denuncia el organismo colegiado.

Citan la tramitación del certificado de compatibilidad urbanística (CCU) que permite iniciar una actividad por silencio administrativo junto con una declaración responsable pero que tal como está regulado permite al ayuntamiento pedir subsanaciones incluso una vez terminadas las obras lo que genera una gran incertidumbre en las empresas e inversores. Cuando el plazo para obtener los permisos de compatibilidad urbanística se dilata en el tiempo, "como está pasando actualmente, los inversores, deciden no llevar a cabo la inversión por la inseguridad jurídica que conlleva". Este tipo de licencias que hasta ahora se tramitaban entre 15 días y un mes se están retrasando ahora más de un año.

Para el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de València, estos retrasos son "inadmisibles" y "están provocando que muchos inversores y promotores se estén llevando sus proyectos a otras ciudades, como Málaga o Granada". "Hemos normalizado los retrasos de los ayuntamientos, pero no de dos años, y así es imposible que se decidan a invertir en València", apuntan los ingenieros, que se suman así a las críticas que han lanzado otros sectores de la economía como los promotores.

El PP ha denunciado de manera reiterada en estos años el atasco de las licencias de obras y actividades y anunciado que pondrá medidas para mejorar el funcionamiento de los servicios de licencias. Está por ver las propuestas que realiza el nuevo gobierno de María José Catalá en este sentido. Los ingenieros aseguran que han tendido la mano al Ayuntamiento de València en varias ocasiones para ayudar a resolver expedientes administrativos" ya que, al ser una corporación de derecho público, tiene la capacidad legal de poder colaborar con el consistorio para resolver expedientes. Confían en que la nueva corporación tenga en cuenta su ofrecimiento.

Un centenar de licencias delegadas

El decreto de las Entidades Colaboradoras de la Administración (Ecuv) aprobado en 2020 por la Generalitat ha aliviado poco la situación de la acumulación de expendientes de obra y actividad que se ha disparado en los últimos años. En el caso de València se han tramitado un centenar de licencias urbanísticas a través de este sistema que permite delegar en entidades privadas la tramitación de los expedientes de obra, siempre con supervisión final de los técnicos municipales.