Valencia descarta crear zonas tensionadas por el alquiler y prevé una Oficina Antiokupas

La nueva alcaldesa de València, la popular María José Catalá rechaza la idea de que València sea declarada zona tensionada por los alquileres como anunció hace unos meses la Conselleria de Vivienda, que ahora pasará a estar gobernada por el PP-Vox, y el anterior gobierno municipal de Compromís y el PSPV. Aunque los alquileres están desbocados en la capital y han subido alrededor de un 19% en un año, Catalá no solicitará tal declaración como ha hecho el alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni.

La nueva Ley de Vivienda permite a las comunidades autonómas definir dentro de las ciudades zonas tensionadas por los precios del alquiler. Una medida que el anterior gobierno de Compromís y PSPV llevó al extremo anunciando que pedirían a la Generalitat la declaración para toda la ciudad. El estudio previo realizado por el gobierno del Botánic cataloga a València como «área de necesidad de vivienda alta».  

Catalá, sin embargo, no está por este tipo de medidas reguladoras del mercado inmobiliario y su política de vivienda pone el foco, además de en fomentar la construcción de pisos de protección pública (en campaña anunció un millar de nuevas VPO), en combatir la ocupación ilegal. La intención de la alcaldesa, según apuntaron en el gobierno municipal, es crear una Oficina Antiocupación para asesorar a los vecinos y propietarios.

Más viviendas públicas

El ayuntamiento penalizará las situaciones de ocupación ilegal de propiedades y anuncia que dará de baja a los «okupas» del padrón, lo que significa que quienes dejen de pagar el alquiler, sin atender a priori a circunstancias sociales, podrían dejar de ser vecinos de València y estar empadronado en la capital con los derechos (entre ellos asistencia médica o acceso a los servicios municipales) que esto supone. 

En la misma línea de combatir la ocupación ilegal, que en más del 80% de los casos afecta a inmuebles propiedad de bancos y grupos inversores, el PP también anuncia la creacion de una Brigada Policial especializada en mediar en los desalojos de casas.

La ley de Vivienda permite a las comunidades autónomas limitar el precio de los alquileres y declarar zonas tensionadas aquellas en las que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de los ingresos o aquellas donde el precio de compra o alquiler de la vivienda haya experimentado en cinco años un porcentaje de crecimiento acumulado al menos tres puntos porcentuales superior al IPC.

La medida ha generado preocupación en el sector inmobiliario y entre los propietarios.