La elección de comisarios principales acaba en Antifraude y parte la cúpula policial de Catalá

El polémico proceso de selección para cubrir los puestos de comisarios principales en la Policía Local de València ha entrado en un camino judicial sin retorno y además ha acrecentado la fractura en la cúpula policial que encabeza el comisario jefe José Vicente Herrera y cuya máxima responsable política es la alcaldesa María José Catalá. Los cuatro comisarios díscolos que fueron suspendidos en la bolsa de empleo para ascender a principales han presentado un recurso de alzada dirigido al concejal de Policía Local Jesús Carbonell y a la alcaldesa en el que piden que se anule el proceso selectivo y que se vuelva a celebrar la citada prueba de selección. Además, exigen que se nombre un nuevo tribunal y que se dé por suspendida la bolsa de empleo en la que resultaron elegidos 4 altos mandos, y otros 4, descartados.

Para ello, argumentan que se han producido una serie de presuntas irregularidades en las que presuntamente se ha favorecido a unos candidatos en perjuicio de otros, que podrían haber sufrido indefensión. Paralelamente, los jefes descartados han anunciado que esta misma semana presentaran una denuncia ante la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana como paso previo a interponer en el futuro un recurso de lo contencioso-administrativo si el recurso de alzada no es atendido por la alcaldesa.

Los díscolos recusaron al tribunal sin éxito

En este recurso de alzada se recuerda que los 4 mandos críticos presentaron previamente a este documento, una recusación del tribunal que valoró a los 8 aspirantes, por entender, presuntamente, que pudieron incurrir en conflicto de intereses. Sin embargo, esta recusación no ha sido tenida en cuenta, como tampoco las alegaciones que presentaron los afectados.

La prueba teórica del citado examen se realizó el pasado 4 de octubre y el 11 se publicó una Orden del Jefe de la Policía Local con los nombres de los ganadores. El 18 de octubre, los aspirantes disconformes con el resultado emitido por la Comisión de Valoración elevaron un escrito ante el Secretario y la Concejal de Personal del Ayuntamiento de València en el que denunciaban una serie de presuntas irregularidades, que justiticaban que se anulase el proceso. Asimismo, el 30 de octubre, los recurrentes presentaron un escrito de recusación contra el tribunal. Los mandos díscolos argumentan que no se les ha contestado a ninguno de estos documentos oficiales, excepción hecha de las explicaciones que se les dieron el pasado lunes 30 de octubre en el acto de revisión del examen. A la citada revisión asistieron también los delegados de los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, y los 4 suspendidos argumentan que quedaron en evidencia que los tres miembros del tribunal "habían puntuado en función de criterios cuanto menos ambiguos, subjetivos y poco técnicos", según explican dos de los afectados a Levante-EMV. En esa revisión se les entregó un pequeño dossier con las puntuaciones efectuadas por los miembros del jurado pero los díscolos insisten en que no hay ningún acta de la prueba, suscrita por un secretario o habilitado nacional, ni tampoco se grabó el examen, para que quede constancia del mismo y de cómo se calificó por parte de los examinadores.

Para Jefatura "no procede la suspensión" y "no hay causa de anulación"

Así las cosas, la jefatura de la Policía Local sostiene que todo el procedimiento es legal. En una breve nota interior de respuesta a uno de los comisarios afectados, fechada el 6 de noviembre, José Vicente Herrera notifica "que no procede la suspensión -de la bolsa de empleo- porque no hay causa" y "porque no sería de difícil o imposible reparación". Con esta comunicación interna, se da por atendida cualquier reclamación o alegación presentada por los 4 comisarios díscolos y se da por buena la prueba del 4 de octubre y la orden del 11 de octubre.

Ante todo ello, los policías suspendidos han presentado este recurso de alzada para el que hay un plazo máximo de 3 meses para responder por parte del Ayuntamiento de València. Una vez superado ese plazo, sin obtener respuesta, los mandos recurrentes acudirán al contencioso-administrativo. Eso siempre que Antifraude no abra diligencias y proceda a abrir una investigación sobre lo ocurrido. Antifraude puede obligar a paralizar cualquier nombramiento mientras se esclarecen los hechos. Paralelamente, los descontestos quieren que en caso de que en un futuro los tribunales les den la razón, sean los tres componentes del tribunal quienes sufraguen las posibles indemnizaciones.