El ayuntamiento sube el alquiler por sorpresa a las 530 familias de los pisos municipales

Las 533 familias alquiladas en las viviendas municipales de Aumsa se llevaron una desagradable sorpresa este miércoles. El cargo bancario por el coste de sus alquileres no se correspondía con lo que llevaban abonando en los últimos diez años. El incremento supera el 30% en algunos casos. Compromís ha denunciado la “indiscriminada” subida de los alquileres afeando el contraste con la bajada del IBI a las rentas altas, pero el portavoz del gobierno municipal añadie un matiz: no existe incremento de cuota, en realidad se ha suprimido la bonificación prorrogada durante una década. Además, Juan Carlos Caballero ha señalado que la caducidad de la prórroga que ahora decae fue fijada por el anterior ejecutivo. “No es oportuno generar alarmismo”, ha dicho el político popular tras exponer algunos ejemplos con incrementos de sólo 25 euros en fincas de la calle Alta o la calle de la Estrella. 

La realidad es que el incremento en algunas viviendas es de más de 100 euros. Casi 200 euros sumados el trastero y el garaje, que se vinculan a determinadas viviendas sin que los inquilinos puedan renunciar a ellos. Según una circular interna de la Asociación de Inquilinos de Vivienda Pública, la supresión de la ayuda deja de facto un incremento del 15% en las viviendas de Ciutat Vella y un 25% en el resto de viviendas, salvo por el caso excepcional de los pisos ubicados en Arquitecto Segura Lago, con un incremento del 35%. Todos los trasteros y plazas de garaje duplicarían su precio. 

La bonificación se aplicó inicialmente en 2013 con Rita Barberá en la alcaldía y Alfonso Grau al frente de Aumsa. El objetivo era dar salida a los pisos de la entidad pública, muchas de ellas vacías en aquel momento. Con características que las hacían menos competitivas, los inquilinos descartaban la alternativa municipal y elegían acceder al mercado libre, de modo que el ayuntamiento apostó por rebajar sus rentas y ofrecer alquileres por debajo del valor de mercado. Esta política se mantuvo con el transcurrir de los años y el 5/12/2019 el Consejo de Administración de Aumsa acordó la última prórroga, con efectos de 1 de enero de 2021 a 31 de diciembre de 2023, en los mismos términos que los aprobados en su día. 

Pero aquel escenario ha dado un vuelco. Los alquileres están hoy por las nubes y la demanda de vivienda pública también se ha disparado. El último dato de diciembre cifra en 1.360 las solicitudes para acceder a pisos que normalmente no exceden los 500 euros, lejísimos de los 1.571 euros del alquiler medio para un piso 70 metros en la capital del Turia, según el informe de la Cátedra Observatorio Vivienda de la UPV. Ese desequilibrio entre el arrendamiento público y el privado es el argumento esgrimido por el ayuntamiento para dejar caer la prórroga, añadiendo, no obstante, que el ejecutivo del PP y Vox continúa firme en el propósito de construir 1.000 viviendas públicas. 

Sin embargo, más allá del encarecimiento, injustificado para los afectados porque los salarios no crecen al ritmo de los alquileres, en la Asociación de Inquilinos de Vivienda Pública también ha sentado mal que la medida se haya efectuado sin una notificación previa, dinamitando de este modo la habitual comunicación entre los arrendadores y su casero. “Llevamos varias semanas intentando reunirnos con el concejal de Urbanismo para negociar con él y ni siquiera nos ha llamado avisando de la subida”, denuncia la presidenta de la entidad, Trini Piquer, quien ha recomendado devolver la factura y pagar el alquiler anterior. La medida deberá ratificarse en la asamblea del 23 de enero. 

Viviendas baratas, pero no "asequibles"

La subida de estos alquileres ha dejado un reguero de personas indignadas con la medida. Esther está cobrando la prestación por desempleo -es administrativa interina del grupo C2- y tanto de la ayuda como del sueldo el nuevo alquiler le devora un 50%. “He pasado de pagar 381€ por el alquiler a pagar 530€, lo que supone una subida del 38,9%”, explica sobre su piso, al que suma el coste del garaje y el trastero vinculados. “Para que una vivienda sea asequible debe costar el 30% de tu salario. Esta ha dejado de serlo”, lamenta la vecina de 47 años de la calle Campos Crespo. Y añade: “No es normal que el ayuntamiento nos suba150 euros el alquiler municipal sin un solo aviso”. 

Compromís denuncia que el Ayuntamiento sube el alquiler a 530 familias en viviendas municipales

En su misma finca vive Erica, divorciada de 50 años y también afectada por un incremento de 100 euros, que sitúa su alquiler al borde de los 500 euros. “Yo soy autónoma y mi salario por tanto es fluctuante, aunque de promedio cobro unos 1.000 euros. Tengo un hijo de 15 años y esta actualización de los precios lo que hace es obligarme a trabajar a destajo. Es un roto en la conciliación y en nuestra economía doméstica”, lamenta la profesora de yoga y pilates, decepcionada también con las formas y la aparente arbitrariedad del precio. “En teoría la bonificación reducía el coste un 25%, pero en la práctica a cada inquilino nos han subido una cantidad distinta. No lo entiendo”. 

La peor semana de Lina

Lina tiene una promoción de la calle Trafalgar y también se llevó un susto el miércoles cuando vio el cargo en su cuenta. Su alquiler se había encarecido en 131 euros. Ahora paga 462 euros más los gastos de comunidad, 150 euros trimestrales, un precio –reconoce– muy por debajo del mercado. Sin embargo, es precisamente esa la función de su vivienda. “Está claro que mi renta es económica, pero la idea es que los pisos sociales estén regulados, porque en estas viviendas de Aumsa hay gente que cobra 10.000 euros al año”, dice esta valenciana de 31 años, víctima de un segundo varapalo. “La gestoría hipotecaria para la que llevaba trabajando tres años está en ERE y hoy me han echado. Voy a cobrar unos 800 euros de paro. Mi piso ahora cuesta más de la mitad. ¿Qué voy a hacer?”. 

Y el nuevo precio también ha sembrado la incertidumbre en las vidas de Clara y su pareja, padres de dos niñas de 3 y 5 años. La joven de 32 años explica que se mudaron a la vivienda de Aumsa, en Benicalap, en abril de 2021 tras aguardar un lustro en la lista de espera. “Nos mudamos de Benimaclet al nuevo barrio y lo dejamos todo atrás, padres incluidos, porque las condiciones de alquiler eran muy ventajosas. Pero a partir de febrero se acaba mi contrato y viviremos con un solo sueldo, así que esto ha sido un golpe serio. Estamos asustados”, dice Clara, cuyo incremento también se acerca a los 200 euros mensuales. “Lo peor es que en Aumsa nadie dice nada. Te vienes a un piso con unas condiciones y de un día para otro te encuentras otras completamente distintas”, insiste. 

Compromís intentará recuperar el acuerdo

Finalmente, la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha contestado al portavoz del gobierno municipal respecto a la petición de no ser tremendistas,  afirmando que "para muchas familias 200€ es la diferencia entre llegar a final de mes o llegar a la mitad. De llenar la nevera todo el mes o tener que acudir al Banco de Alimentos. De poder vivir en un piso o tener que abandonarlo y volver con hijos a vivir con los abuelos. Vamos a dar la batalla para recuperar el acuerdo que PP y VOX se acaban de cargar”, ha concluido la concejala valencianista.