València deberá pagar más de 30 millones en "expropiaciones rogadas"

El Ayuntamiento de València calcula que tendrá que pagar más de treinta millones de euros por las expropiaciones rogadas que están paradas y que ahora, tras una sentencia del Tribunal Constitucional, tendrá que abonar. Dado que se trata de una cantidad de dinero importante que dañaría notablemente el presupuesto municipal, la Concejalía de Urbanismo trabaja en distintas opciones para obtener aportaciones privadas a través de las nuevas áreas funcionales o a través de permutas, según ha explicado el Concejal de Urbanismo, Juan Giner.

El origen del problema

El problema tiene su origen en la normativa que permite a los propietarios de suelo grafiados como dotacionales solicitar al ayuntamiento la expropiación de los mismos si en cinco años no se ha hecho uso de los mismos. Esto generó una avalancha de peticiones de expropiación (expropiaciones rogadas) a las que las administraciones locales no podían atender, por lo que las autonomías arbitraron medidas para prorrogar o demorar en el tiempo esas operaciones.

Ahora, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que esas prórrogas no se ajustan a derecho y obliga a los ayuntamientos a hacer frente a las expropiaciones.

Primera valoración

En una primera valoración el Ayuntamiento de València calcula que el montante global puede superar los 30 millones de euros, asegura Juan Giner, que a falta de precisar más los datos ya ha empezado a barajar posibilidades para aminorar esos pagos en metálico y afectar lo menos posible a los presupuestos municipales.

Una posibilidad es la permuta de suelo de acuerdo con los propietarios que están pidiendo la expropiación y otra opción es aprovechar las unidades de ejecución o áreas funcionales para conseguir ingresos de los promotores en concepto de aprovechamientos urbanísticos.

Juan Giner cree, en cualquier caso, que es un «problema heredado» que el Ayuntamiento afrontará de la mejor manera posible y pensando siempre en el menor impacto económico posible.