Compromís denuncia que Catalá tiene "secuestrados" hasta 720.000 euros de 24 entidades

La concejala de Compromís en el Ayuntamiento de València Eva Coscollà ha denunciado "la censura" que está aplicando el gobierno de María José Català "contra un total de 24 entidades sociales de València, a las que está “amordazando” sin garantizarles las subvenciones públicas a las que tienen derecho para prestar sus servicios al conjunto de la sociedad".

"Estamos hablando de entidades tan importantes como la Universitat de València o la Universitat Politècnica de València, Fisabio (que ha tenido un papel tan importante durante la pandemia), las cinco organizaciones sindicales principales que defienden los derechos de los trabajadores y trabajadores o Casa Asia, entre otras, " ha afirmado Coscollá.

Así, la regidora municipal ha presentado una moción a la comisión municipal correspondiente en la que reclama al gobierno de Català "tramitar durante el primer trimestre del año todas las modificaciones presupuestarias referentes a las subvenciones de estas 24 entidades". "Estamos hablando de un total de 720.000 euros que PP y Vox tienen secuestrados en vez de ponerlos al alcance de entidades de investigación y defensa de los derechos laborales que después acabarán revirtiendo en el beneficio común de toda la sociedad", denuncia la munícipe.

Para Coscollá, el gobierno de PP-Vox "es sectario y se basa en la censura". Además, ha dicho: “Prefieren tener una sociedad inculta, dormida y que no pueda ser crítica con el poder; es la única razón por la que pueden querer boicotear estas subvenciones tan importantes y ahogar a entidades que tienen un papel clave en nuestra democracia”.

Por ejemplo, las ayudas a los sindicatos son de carácter finalista. Es decir, "se destinan íntegramente a programas de formación y orientación laboral para las personas desempleadas de València". Acciones aprobadas por el órgano rector del pacto y en coordinación con el consistorio, recuerda.

"Esta decisión política de la señora Català va en detrimento de las personas desempleadas que más necesitan el apoyo de un pacto que está integrado por el propio ayuntamiento. El gobierno municipal tendrá que explicar qué sentido tiene boicotear las políticas activas de empleo para adecuar las competencias de las personas desempleadas a los requerimientos de las empresas”, ha concluido Coscollá.

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