Los inquilinos de las viviendas municipales de València deciden no pagar la subida de su alquiler

La Asociación de Inquilinos de Vivienda Pública de València celebró ayer una multitudinaria asamblea para consensuar si las 530 familias a las que el ayuntamiento ha subido el alquiler municipal hacen frente a dicho incremento, del 15 % al 35 % según la zona, o siguen pagando el importe de la factura anterior. Tras una hora de debate, más de la mitad de los 100 inquilinos presentes en la asamblea votaron a favor del impago parcial en la próxima factura del 10 de febrero.

La sede de la entidad vecinal de Velluters se quedó pequeña para albergar a todos los asistentes, pues además de los inquilinos con contrato acudieron medio centenar de acompañantes. La conversación giró en torno a los beneficios o represalias de dicha decisión. A favor, la posibilidad de poner en un brete al consistorio y forzar la negociación. “Si pagamos ganan ellos”, advirtió Trini Piquer, presidenta de la asociación de inquilinos. En contra, la posible pérdida de otras ayudas por contraer una deuda con la Administración y el miedo a plantear un pulso con una estructura mucho más grande que ellos. Ganaron los primeros con 66 votos favorables frente a los 33 “noes” y una única abstención; voto arriba, voto abajo.

Así, los partidarios de presionar a través de esta medida no vinculante –y durante tiempo limitado para no exponerse al desahucio– abonarán en una cuenta bancaria de Aumsa la renta previa al encarecimiento. Se trata de la cuenta que la empresa pública de València venía utilizando para gestionar los impagos de arrendatarios con dificultades. Cuando alguien tenía problemas, la entidad negociaba su deuda y ofrecía esta segunda vía. Ahora la asociación la utilizará para evidenciar su disconformidad con las nuevas rentas sin incurrir en el impago total. Devolverán el recibo e ingresarán el importe por el alquiler antiguo. Quieren seguir pagando, pero "no a cualquier precio". 

Cabe recordar que según el portavoz del gobierno, Juan Carlos Caballero, las subidas del alquiler municipal responden en realidad a la supresión del acuerdo para bonificar los pisos. Esta rebaja se implantó hace diez años cuando los inmuebles del mercado libre se alquilaban por el mismo precio y más fácilmente que los municipales. Pero con la actual escalada de precios el consistorio ha juzgado innecesaria la bonificación. 

El ayuntamiento sube el alquiler por sorpresa a las 530 familias de los pisos municipales

Sea como sea, en caso de ejecutarse, el impago se acompañará de reclamaciones más directas. Varios representantes de la asociación de inquilinos acuden hoy a la comisión de Urbanismo para manifestar su indignación y conocer la posición del ayuntamiento respecto a una moción del PSPV –respaldada por Compromís–, que pide prolongar la bonificación de las viviendas municipales. Y si el ejecutivo vota en contra y mantiene las rentas actuales, los inquilinos organizarán una cacerolada el lunes del pleno frente a las puertas de la Diputación, sede transitoria de la actividad plenaria municipal. 

La movilización busca dar respuesta a la incertidumbre generada en muchas familias afectadas por la subida. Son diversas, pero hay una constante: todas lamentan que la decisión se haya tomado sin interlocución ni aviso. Se encontraron el cargo en cuenta, incapaces de reaccionar. "Yo estuve cinco años en lista de espera para acceder a mi piso en Arquitecto Segura de Lago, me mudé por el precio, porque mi salario de 700 euros no llega para hacerme cargo de mi hijos y mi madre, pero con esta subida hasta los 500 euros me han dejado jodida. Estoy en shock. He pagado este mes, no sé cómo pagaré el siguiente", dice Diana Sarango, de 40 años. 

Un sentimiento similar alberga Dori Sánchez, jubilada de 63 años. Con una pensión algo superior a los 800 euros tampoco sabe cómo costeará la nueva renta de 500 euros. 137 euros más cara que en diciembre. "Tendré que pedir ayuda a mis hermanas", cuenta. Y añade: "Yo si tengo que pagar pues pagaré, pero necesitamos mostrar nuestra oposición a la subida, porque hay mucha gente muy apurada y esto se ha hecho sin ningún tipo de negociación", insiste. "Antes era un alquiler social. Ya no lo es», denuncia la inquilina del número 58 de la Avenida Ecuador. 

Más fincas. Más casos. Misma indignación. En Campos Crespo 94 vive Betty Quiroz con marido, tres hijos y un único salario de 1.000 euros a repartir entre los cinco. Aumsa acaba de subirles el alquiler a 511 euros. Y ellos están que trinan. "Yo llevo tiempo en paro y a mis 58 años es difícil que alguien me contrate. Eso te desmotiva y te baja la autoestima, es un golpe a tu salud mental; y ahora llega la empresa municipal para darte otro golpe sin tiempo para organizarte. Voto a favor del impago porque como mínimo tenemos derecho a que alguien nos escuche", recalca Betty haciendo suya la voz de muchos inquilinos. 

PSPV y Compromís respaldan a los inquilinos

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Sandra Gómez, ha exigido a la alcaldesa de València que «rectifique la subida de alquiler a los inquilinos de Aumsa porque está castigando a familias vulnerables mientras beneficia a los grandes propietarios de viviendas que podrán ahorrarse miles de euros gracias a su estafa fiscal», en referencia a la anunciada bajada del IBI. 

La dirigente socialista defenderá hoy en la comisión de Urbanismo –moción mediante– que Aumsa "prorrogue los descuentos de los alquileres en el próximo consejo de administración, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024". Y pedirá que se "mantenga el diálogo con las personas inquilinas de sus viviendas públicas como se ha venido haciendo en los últimos 8 años".

Por su parte, la portavoz de Compromís per València Papi Robles registró ayer una moción para el próximo Pleno municipal. Además de la prórroga del convenio actual entre Aumsa y sus inquilinos por un año más, la moción pide reconocer de nuevo a los representantes de las comunidades de vecinos y vecinas de Aumsa para iniciar la negociación de un nuevo convenio y que se vuelva a habilitar una oficina de atención sin cita previa en el distrito de Ciutat Vella. Robles ha destacado que es una moción acordada con las familias afectadas –tras reunirse con ellas, como también hizo el PSPV– y ha acusado a Catalá de realizar una gestión irresponsable.

«Aparte del aumento de los alquileres, de más de un 30 % en algunos de los casos, y de hacerlo ocultándolo a los propios inquilinos, Catalá no ha tenido en cuenta que estas familias, al ser desconocedoras de que los iban a suspender la bonificación, tampoco han podido ejercer su derecho a solicitar otras ayudas. Un completo desastre", ha lamentado Robles.

El ayuntamiento habla de una caducidad prefijada

Después de que Compromís denunciaran la subida de los alquileres municipales, el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, explicó en rueda de prensa que dicha denuncia no se había explicado bien, pues la cuota de Aumsa es la misma que estaba estipulada y la misma que los inquilinos firmaron por contrato. Según Caballero, es la bonificación establecida antaño por la baja demanda que había de pisos municipales la que ahora ha decaído. “Se estableció una bonificación para ayudar a las familias y porque nadie alquilaba los pisos de Aumsa, pero ahora nos encontramos en una situación distinta, gracias al gobierno anterior los precios del alquiler están disparados y ahora hay mucha más gente en la lista de espera –que nos dejaron– para acceder a una vivienda de alquiler asequible”, explicó Caballero. 

En este sentido, el popular recordó que la bonificación se comenzó a aplicar cuando el precio de la vivienda de Aumsa se equiparaba al precio del alquiler y apenas había demandantes en lista de espera. Fue una medida intentar dar salida a los pisos municipales vacíos, dijo, pero ahora hay 1360 demandantes en dicha en lista y los precios del mercado se han disparado, con lo que la situación es radicalmente opuesta. 

Finalmente, el portavoz popular aclaró que fue el gobierno del Rialto el que dejó la caducidad de la prórroga fijada para diciembre, con lo que el actual ejecutivo se ha dedicado a seguir los plazos estipulados. Por contra, el gobierno de María José Catalá –añadió Caballero– ha adquirido 131 viviendas públicas para ponerlas a disposición de la ciudadanía y trabaja para añadir otras 1000 viviendas al parque de vivienda pública y asequible.