El ayuntamiento frena la subida de los alquileres de las viviendas de Aumsa

La empresa municipal de urbanismo de València, Aumsa, celebrará este viernes un consejo de administración monográfico para revisar los criterios de adjudicación de las viviendas gestionadas por la citada sociedad pública. La convocatoria se ha aprobado hoy en la comisión municipal de Urbanismo donde PP y Vox han sacado adelante una moción alternativa a la que había presentado el PSPV en la que solicitaba prorrogar la bonificación actual y contener la subida del precio de alquiler de entre un 15 y un 30% que se han encontrado este mes los arrendatarios actuales de las viviendas de Aumsa. El fin de la bonificación del alquiler ha encarecido en más de cien euros las rentas y los inquilinos denuncian que la subida es inasumible. Varios representates de la Asociación de Inquilinos de Vivienda Pública de València han asistido a la comisión de urbanismo para reclamar soluciones.

El concejal de Desarrollo Urbano, Juan Giner, ha anunciado que a partir de la semana que viene, una oficina de atención a los inquilinos estudiará de manera individual las situaciones concretas que lo requieran por presentar mayor vulnerabilidad.

En el consejo de administración del viernes se aprobará el inicio de la revisión de la normativa de adjudicación de viviendas de Aumsa para "homogeneizarlas con los criterios de las bases reguladoras del proceso de inscripción y adjudicación de las viviendas de alquiler asequible del Ayuntamiento de València". Estas últimas fueron aprobadas por el anterior gobierno del Rialto y establecen que los alquileres no podrán superar el 25% de los ingresos de los arrendatarios.

El concejal de Urbanismo y presidente de Aumsa, Juan Giner, ha informado, tras la Comisión de Urbanismo, que en el consejo del viernes "se analizará de manera completa los alquileres asequibles de las viviendas municipales que le corresponden a esta empresa municipal”. El ayuntamiento, ha añadido GIner, “estudiará personal e individualmente las situaciones de aquellos inquilinos que lo necesiten, ya sea porque sus circunstancias han variado y se encuentren en mayor vulnerabilidad y así dar soluciones concretas de manera clara”.

El concejal ha recordado que el nuevo equipo de gobierno trabaja en "poner a disposición de la ciudadanía, durante esta legislatura, más mil viviendas públicas para dar respuesta a la demanda de la sociedad valenciana”, tal como se comprometió la alcaldesa, Mª José Catalá, en campaña. En este sentido, Giner ha señalado que con esta finalidad se adquirió, en julio de 2023, el edificio de Safranar con 131 viviendas y, en agosto, “mantuvimos una reunión con la Federación de Empresas Promotoras de la Comunitat Valenciana para potenciar la colaboración público-privada que permita la construcción de esas 1.000 viviendas públicas”.

Aumsa no es una inmobiliaria

El PSPV pedía en la moción que se renueve el convenio a fecha 1 de febrero. Lo mismo plantea el grupo municipal de Compromís que también ha presentado una moción para contener los precios de las viviendas de Aumsa en plena burbuja de los alquileres en la ciudad.

Compromís, que llevará al pleno del lunes una moción sobre los alquileres de Aumsa, acusa a Catalá de dejar desprotegidas a las más de 500 familias alquiladas en las viviendas que gestiona la sociedad. La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha asegurado que la subida de precios de los alquileres en Aumsa se ha hecho "con nocturnidad y de forma indiscriminada". Robles asegura que “la alcaldesa se niega a atender a estas familias que se han encontrado en el recibo del alquiler una subida de hasta 200 euros más sin haber recibido ningún aviso previo, lo que supone en muchos casos destinar más de un 50 % de su renta personal a pagar la vivienda".

El consejo de administración de Aumsa solo prevé revisar los criterios para la adjudicación de vivienda pero no da solución a los actuales arrendatarios. "Estamos hablando de familias que habían confiado en su Ayuntamiento para acceder a una vivienda asequible y que ahora deben elegir entre pagar alquiler o llenar nevera”. Robles recueda al gobierno de PP y Vox que "Aumsa no es una inmobiliaria sino un servicio público”.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz socialista, Sandra Gómez, quien ha criticado las continuas “incoherencias” de Mª José Catalá, quien mientras abre la puerta a regular los alquileres privados “pega un sablazo a los inquilinos de las viviendas públicas de Aumsa con un incremento de hasta el 50% de los alquileres”. La responsable socialista ha incidido en la “falta de credibilidad” del gobierno de Catalá, que se ha negado a hablar de un problema que afecta a 500 personas y que, además, no ha dejado participar a los afectados en el debate propiciado por la moción de los socialistas. “No les han dejado estar porque, obviamente, no tenían nada que decirles porque lo único que ha hecho la señora Catalá es frenar cualquier medida regulatoria”, ha apuntado.