La federación vecinal exige una moratoria que impida habilitar más pisos turísticos en València

El problema de acceso a la vivienda en València ha unido a las asociaciones vecinales, los partidos políticos y las plataformas de activistas. El drama es real y afecta a miles de personas en la capital del Turia. Los alquileres por menos de mil euros «vuelan» de los portales inmobiliarios en medio de una escalada de precios sin precedentes y, a medida que las opciones de estabilidad residencial se esfuman para muchos valencianos, a cambio brotan bajos turísticos que tensionan el mercado y expulsan al vecindario de sus barrios. 

Ante tal situación está surgiendo un clamor político y social abanderado por la Federación de Asociaciones Vecinales que reclama, entre otras cosas, una moratoria para todos los apartamentos. Su presidenta, María José Broseta, se reunió el jueves con los concejales María José Ferrer (Participación y Acción Vecinal), Juan Giner (Urbanismo) y Jesús Carbonell (Seguridad Ciudadana) para trasladar una amplia batería de demandas vecinales relacionadas con el problema de la vivienda y la turistificación de la ciudad. 

En concreto, la entidad dirigida por Broseta solicitó una ordenanza regulatoria de las viviendas de uso turístico (VUTs) con seis puntos, desde la inspección y sanción de los apartamentos ilegales hasta una política fiscal que favorezca la transformación de pisos turísticos en viviendas de de alquiler joven, pasando por el establecimiento de unos porcentajes máximos de implantación de las VUTs en los distritos de la ciudad. Mientras no entre en vigor esta ordenanza, la federación exige la citada moratoria en la concesión de licencias para las viviendas de uso turístico de toda la ciudad. 

Se trata de una medida que lleva días copando la agenda política de la ciudad. El miércoles, el portavoz socialista Borja Sanjuán denunció que la «dejadez de Catalá» con los apartamentos turísticos está provocando su proliferación en todos los barrios, pero con un mayor incremento en los periféricos, de hasta el 106% en Benicalap, del 68% en Rascanya y Torrefiel o del 65% en la Olivereta. Los socialistas instaron a aprobar, con carácer inmediato, la moratoria que «dejaron preparada» para que no se abra un solo apartamento más. 

Tasa progresiva

Y un plan de choque más ampicioso sumó a la causa ayer Compromís de la mano de su portavoz, Papi Robles, que pidió, además de la moratoria, la creación de un registro municipal obligatorio para los propietarios de viviendas turísticas y un plan para gravar con una tasa progresiva las viviendas de uso turístico. El objetivo, dijo Robles, es «que ser poseedor de un gran número de viviendas turísticas no resulte rentable para el propietario y apueste por sacar estas viviendas a alquiler residencial o venta. Así de sencillo».  

Según revelaron los valencianistas, en la ciudad hay 6.000 apartamentos irregulares y 8.810 que sí están registrados. De estos, dos de cada tres pertenecen a grandes tenedores a menudo enmascarados detrás de nombres comunes, «como si se trataran de vecinos». Pero más allá de la vida parlamentaria, el movimiento activista por el derecho a la vivienda también está tomando posiciones en el debate y, como ha ocurrido en Canarias, ya se piensa a medio plazo en una gran movilización para enmendar el acelerón turística y poner en el centro las urgencias de los vecinos y vecinas de València. 

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