Balance de gestión

Rebaja fiscal y moratoria para los pisos turísticos, logros del primer año de Catalá

La alcaldesa hace balance de su gestión y asegura haber ejecutado o puesto en marcha el 55% de los 400 puntos de su programa electoral, todo ello pese a haber recibido una herencia "complicada"

La alcaldesa de València, María José Catalá.

La alcaldesa de València, María José Catalá. / JM López

José Parrilla

José Parrilla

Este lunes se cumplirá un año de mandato de la actual alcaldesa de València, María José Catalá, un periodo de tiempo corto del que la propia Catalá hace un balance amplio. En estos doce meses se habrían cumplido o puesto en marcha el 55% de los 400 retos que figuraban en su programa electoral; y dos serían los logros más destacados a su entender: la rebaja de impuestos y la moratoria de los apartamentos turísticos, asunto que entronca con otro que también ocupa un lugar destacado en su agenda, que es la vivienda.

Para iniciar el balance, Catalá empieza por analizar la herencia del anterior gobierno de Compromís y PSPV, una herencia que califica de «complicada». Había -asegura- 22.500 licencias atascadas y cuatro años de espera en algunos casos; las concesiones deportivas caducadas; mercados municipales «en condiciones pésimas» o el Palau de la Música cerrado.

En este tiempo, sin embargo, Catalá asegura haber revertido muchos de esos problemas e implantar algunas de sus políticas más importantes. La primera es una bajada generalizada de impuestos. Con la premisa de «dejar el dinero en el bolsillo de los valencianos», Catalá ha reducido el global de los impuestos municipales, esencialmente el IBI, en 70 millones de euros, con especial incidencia en las familias numerosas.

La limpieza era otra de sus obsesiones y lo sigue siendo, porque existe mucha presión ciudadana en este sentido. Frente a ello Catalá destaca el aumento de la inversión en tres millones hasta llegar a los 90 anuales. Eso permite duplicar los baldeos y hacer barridos mañana y tarde.

Por cierto, hay un segundo plan de choque, además del de la limpieza, que es el de las licencias municipales. La alcaldesa cifra el atasco en 22.500 expedientes sin resolver y su plan es acabar con esa situación «para no frenar inversiones y generar empleo».

A más largo plazo, pero con medidas ya en marcha, el balance anual del PP de València también cita la inseguridad ciudadana. Sus instrumentos para combatirla han sido la aceleración para incorporar 207 agentes en los próximos meses y la creación de la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP), que con sus doscientos agentes presta 88 servicios diarios y tiene el botellón entre ceja y ceja.

Por lo demás, se ha avanzado o se han resuelto asuntos como la cesión de la base del Alinghi a Marina de Empresas; la reapertura del Palau de la Música tras cinco años de obras; la apertura de cinco juntas de distritos para gestionar el padrón, lo que ha permitido rebajas de 5 meses a 1 semana para los certificados; el impulso a la EMT con una inversión de 172 millones para su total electrificación; o la construcción de un albergue permanente para 50 personas sin techo.

Pese a ser uno de los acontecimientos del año, la alcaldesa se para poco en la Capitalidad Verde Europea. Hace referencia a la petición de la declaración de reserva de la biosfera para l’Albufera y la petición al gobierno para declarar la capitalidad verde como acontecimiento excepcional de interés público.

Vivienda | Construcción de pisos y desbloqueo de los PAI

Si hay un problema que afecta a todas las ciudades de España y que más difícil solución tiene, ese es el de la vivienda. Los precios están por las nubes por la escasez de pisos y hay un fenómeno nuevo en esta tormenta perfecta que es el de los apartamentos turísticos, que complican aún más la situación y amenaza con «desalojar» a la gente de sus barrios.

Para una y otra cosa Catalá ha tratado en este año de mandato de buscar soluciones a corto y medio plazo. En relación con la vivienda, Catalá asegura que el Ayuntamiento de València gestiona la construcción de 846 viviendas de protección pública, de las cuales medio millar ya están en marcha. A ello hay que sumar los 131 pisos adquiridos en Safranar.

Por otro lado, el consistorio ha desbloqueado los PAI de Benimaclet y del Grao, que sumarán otras 2.550 viviendas, de las cuales 850 también serán públicas. «El objetivo que nos marcamos es ambicioso (1.000 VPP en 2027), pero la paralización absoluta de los gobiernos de izquierda durante ocho años en materia social nos obliga a redoblar los esfuerzos», asegura la alcaldesa.

La otra pata de este problema es el de los apartamentos turísticos, asunto en el que la reciente moratoria de un año para las viviendas turísticas es la estrella. La idea es parar la locura de peticiones de licencia y pensar unas medidas que limiten la aparición de apartamentos en cada uno de los barrios de la ciudad.

Y mientras tanto, desde el Ayuntamiento se están intensificando las inspecciones a los apartamentos ilegales, lo que ha permitido hacer 300 en el último año y emitir 200 órdenes de cese de actividad.

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